Un día después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención preventiva domiciliaria, el expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe recibió este miércoles otra mala noticia al enterarse que se contagió de coronavirus, un dato que no afectará su reclusión durante el juicio por fraude y soborno.
Luego de convertirse en el primer exmandatario elegido democráticamente en ser detenido, una decisión que desató una ola de rechazos y celebraciones en el país, Uribe, de 68 años, se sumó a la lista de los contagiados por coronavirus en Colombia, el cuarto país más afectado por la pandemia en Latinoamérica, que registra casi 340.000 casos y 11.315 decesos.
Pero sin dudas el golpe más fuerte fue la orden de detención.
El único exmandatario que estuvo tras las rejas fue un militar que encabezó un Gobierno de facto durante cinco años en la década del 50: el general Gustavo Rojas Pinilla.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se encuentra en su finca El Ubérrimo, en el caribeño departamento de Córdoba, donde estaba pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir la pandemia y ahora presumiblemente cumplirá su detención preventiva mientras dure el juicio.
“Informamos a la opinión pública que el presidente Álvaro Uribe ha sido diagnosticado con Covid-19”, anunció Gabriel Velasco, senador y el vocero de su partido de derecha, el Centro Democrático (CD), a través de un video en Instagram.
"Su estado de salud es óptimo, no ha presentado mayores síntomas, ni ninguna dificultad respiratoria. Esperamos su pronta recuperación y, desde la bancada del Centro Democrático, le mandamos un abrazo solidario", agregó.
Además del exmandatario, su familia también se sometió a pruebas y, mientras su esposa, Lina Moreno, dio negativo y se mudó a otra finca en Antioquia, sus hijos -Tomás y Jerónimo- dieron positivo, informó la revista Semana.
El propio Uribe, que en 2009 contrajo el virus H1N1, le dijo a Semana que primero saldrá de la enfermedad y después le pedirá a la Justicia ser trasladado a su casa de Antioquia junto a su esposa.
El exmandatario, cuya figura aún divide al país, tiene más de medio centenar de procesos judiciales abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares responsables de decenas de miles de crímenes, algunos de ellos imprescriptibles.
La orden de detención preventiva que ordenó ayer el máximo tribunal se enmarca en uno de los procesos abierto por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
El caso comenzó en 2012 cuando el exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe. El proceso contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, quien recibió el caso, no sólo lo archivó, sino que además decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
Hoy, el abogado de Uribe, Jaime Granados, ratificó su inocencia y aseguró que el exmandatario nunca autorizó a su anterior letrado Diego Cadena a pagar a ningún tipo de testigos.
Cadena, cuya libertad se define en las próximas horas, sostiene que los pagos que realizó se trataron de ayudas humanitarias y no una extorsión, como testificó uno de los testigos en el caso contra el senador opositor Cepeda.
Ayer, simpatizantes y opositores al exmandatario salieron a las calles de las principales ciudades del país para demostrar que Uribe sigue dividiendo a gran parte del país.
Uribe es quizás la figura política más emblemática de los últimos 20 años, no solo como gobernante, sino también, más tarde, como la voz cantante del rechazo al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmado por su sucesor, Juan Manuel Santos.
Además, Uribe es vinculado con otro de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país: el paramilitarismo.
Los grupos paramilitares de ultraderecha surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse supuestamente de las guerrillas, pero terminaron asesinando, persiguiendo y abusando de miles de dirigentes políticos y sociales, además de construir intrincados vínculos con el narcotráfico.
Tras salir en defensa y destacar la "honorabilidad" de su mentor y aliado, el presidente Iván Duque, no solo volvió a mostrarse solidario con Uribe, sino que planteó una pulseada con el Poder Judicial.
“Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia (...) que corrija fallas y ese no es un tema de coyuntura es un tema estructural”, sugirió el jefe de Estado.
