A pesar de que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, anunció el fin del estado de emergencia en el país, que llevaba en vigor desde 2017, “al menos 24 hombres siguen estando en riesgo de ser ejecutados por condenas emitidas por tribunales de emergencia manifiestamente injustas”, indicó la ONG en un comunicado.
En el mismo, Amnistía describió múltiples violaciones a los derechos de los acusados condenados por estos tribunales, como las condenas sustentadas en confesiones arrancadas bajo tortura, desapariciones forzadas o las denegaciones de los derechos de comunicarse con un abogado de su propia elección o de disponer de un tiempo adecuado para preparar su defensa.
Estas cortes también denegaron el derecho a una audiencia pública y a apelar las sentencias e impidieron a las defensas interrogar a los testigos o aportar pruebas que hubieran exonerado a los acusados.
“Imponer la sentencia de muerte en juicios manifiestamente injustos en los que a los acusados se les niega el derecho de apelación constituye una privación arbitraria del derecho a la vida”, criticó el director de asuntos legales de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Philip Luther. Por ello reclamó a Al Sisi que “anule inmediatamente todas las condenas a muerte impuestas por tribunales de emergencia y ordene nuevos juicios en tribunales ordinarios”.
AI, que sostiene que Egipto ejecutó a 107 personas en 2020, lo que lo convierte en el tercer país que más aplicó la pena capital, aseguró que en lo que va de año ya ha dado muerte a 83 condenados y que al menos dos de ellos fueron sentenciados en este tipo de tribunales en “juicios injustos”.
Con información de la agencia EFE.
