Estados Unidos ejecutó este miércoles a una mujer que había asesinado a una embarazada para robarle el feto, la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años, en uno de los últimos actos de la presidencia de Donald Trump.
”Lisa Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre Haute”, en el estado de medio oeste de Indiana, a las 01H31 (06H31 GMT), anunció en un comunicado el departamento de Justicia.
Montgomery, que en 2004 mató a una embarazada para quedarse con su feto, recibió una inyección letal “de acuerdo con la pena capital recomendada por unanimidad por un jurado federal e impuesta por la Corte del Distrito de Estados Unidos” de Misuri, prosiguió el texto.
Poco antes, la Corte Suprema había rechazado los últimos recursos presentados por los abogados de la mujer, a pesar del desacuerdo de sus tres magistrados progresistas. Según ellos, su clienta padece trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña, y no comprende el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.
Un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el ministerio de Justicia apeló esa decisión del magistrado y un tribunal de apelación anuló el fallo este martes. La Corte Suprema de Estados Unidos, ante la que se habían presentado dos recursos distintos, dio razón en ambos casos a los abogados del gobierno de Trump. El ex presidente, un firme partidario de la pena de muerte, ignoró una petición de clemencia presentada por los apoyos de Montgomery.
Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, se ha aplicado la pena capital a 10 hombres. Y, además de Montgomery, la administración Trump prevé ejecutar a dos afroestadounidenses esta semana: Corey Johnson el jueves y Dustin Higgs, el viernes.
Pero en estos casos también hay incertidumbre tras la decisión de un tribunal federal de bloquear sus ejecuciones. Los dos condenados a muerte contrajeron hace poco el covid-19 y la inyección letal podría causarles un sufrimiento ilegal, consideraron los jueces.
Exguardias de la penitenciaría de Terre Haute, por su parte, han escrito al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones “hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el covid-19”.
El caso
En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima --una criadora de perros-- en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier. En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé --que sobrevivió-- y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.