El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró la noche del pasado lunes el estado de excepción por sesenta días ante lo que consideró “grave conmoción interna” debido al “aumento de la actividad delictiva”, especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen. Esta decisión fue promulgada en las últimas horas, con la sumatoria de un poder extraordinario para que las fuerzas de seguridad actúen.
En provincias como El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia) se dispuso la movilización de militares para complementar las acciones policiales. En esas localidades la acción de las fuerzas del orden se sentirá “con fuerza en las calles”, comentó Lasso, que detalló acciones como controles de armas, de tráfico de drogas, inspecciones y patrullas constantes de agentes de las fueras del orden.
Lasso, que complementó su decisión ejecutiva con un mensaje a la nación, anunció la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública, encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados en el marco de acciones de seguridad. La medida excepcional “tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la conviven pacífica y el orden público”, precisa el decreto ejecutivo.
Los militares, según el decreto, “en todo momento actuarán en coordinación con la Policía”, encargada de la seguridad ciudadana, bajo los principios de “excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad”, y con apego a las reglas del “uso progresivo de la fuerza”. “En las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico”, que es el motor de otras actividades delictivas, dijo Lasso en su mensaje a la nación pronunciado en paralelo al decreto ejecutivo.
El Gobierno, en consecuencia, enviará a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley para respaldar a los agentes del orden, añadió el gobernante ecuatoriano en palabras a medios locales.
