El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) celebrará este viernes 17 de diciembre una sesión especial para abordar “la grave situación de los derechos humanos en Etiopía” a solicitud de la Unión Europea y luego de una advertencia de Estados Unidos la semana pasada. ”A la luz de la situación agravante, creemos que la comunidad internacional tiene la obligación moral de tratar de prevenir más atrocidades y garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas y sobrevivientes”, dijo Lotte Knudsen, presidenta de la delegación de la UE ante la ONU en Ginebra, en un comunicado este lunes 13 de diciembre.
El viernes pasado, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, advirtió que Etiopía enfrenta cada vez más la perspectiva de una “implosión” que sería “desastrosa” para sus vecinos. Blinken aseguró que las partes beligerantes en Etiopía tienen la opción de recurrir a las negociaciones y evitar un colapso total pero advirtió que, si la guerra civil se esparce por el país, las consecuencias para la región serían nefastas. ”Estoy muy preocupado por la posibilidad de que Etiopía implosione debido a lo que estamos viendo, tanto en Tigray, como también a medida que tenemos diferentes fuerzas y diferentes grupos étnicos que están cada vez más enfrentados”, señaló el funcionario estadounidense.
El consejo dijo que la solicitud de este lunes fue apoyada por 17 naciones, una más de las 16 requeridas, incluidas Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Fiji, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Holanda, Polonia, las Islas Marshall, Corea del Sur, Ucrania y Reino Unido. La solicitud para la sesión especial también fue apoyada por 36 Estados observadores, incluidos Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y EEUU. Un proyecto de resolución del consejo pide al “Gobierno de Etiopía que implemente el estado de emergencia declarado el 2 de noviembre de 2021, de una manera que respete los principios de estricta necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que publique la lista de los detenidos y garantice el derecho a las visitas en los centros de detención”.
El documento expresa “profunda preocupación por los informes sobre ataques, arrestos y detención de personas basados en su origen étnico, las malas condiciones de detención de aquellos arrestados, las denuncias de malos tratos durante la detención y la falta de examen judicial”.
