Brasil vivió este domingo una jornada por demás agitada y oscura en lo que tiene que ver con los principios democráticos. Y es que una multitud de ciudadanos, partidarios radicales del ex presidente Jair Bolsonaro, invadieron y tomaron por asalto las sedes del Congreso Nacional, del Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo Nacional) y de la Corte Suprema; todo en la ciudad de Brasilia. Se trata de un nutrido grupo de extremistas que no reconoce a Lula Da Silva como el nuevo presidente del país vecino, a pesar de que este ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y precisamente al presidente saliente, Bolsonaro.
Los manifestantes, que actuaron con una inusitada violencia, tomaron los principales edificios del centro administrativo de Brasilia exigiendo una intervención militar que derroque a Lula Da Silva, quien asumió en su cargo el domingo 1 de enero.
A raíz de los violentos alzamientos, el flamante presidente brasileño -quien comenzó hace 8 días su tercera presidencia en ese país- dispuso a última hora del domingo la intervención federal en el área de la seguridad de Brasilia. Lula nombró al secretario general del Ministerio de Justicia, Ricardo Capelli, como interventor y responsable de la seguridad en Brasilia hasta el 31 de enero. En declaraciones a la prensa brasileña emitidas ayer, domingo, Lula argumentó la intervención al asegurar que quien debería haber asegurado la seguridad en el centro administrativo de Brasilia no cumplió con sus funciones.
Este lunes, el día después del caos, ya están en marcha y avanzan las investigaciones internas, sumarios y procesos judiciales para identificar y castigar a los responsables de este “asalto a la democracia”, como ha sido denominado en Brasil. Lo que más llama la atención es que no se hayan tomado las medidas necesarias y pertinentes para evitar los disturbios, en especial en la previa al estallido y cuando comenzaron a llegar decenas de colectivos a las inmediaciones de la Plaza de los Tres Poderes.
De hecho, los rumores y la idea de tomar por asalto estas sedes en Brasilia habían comenzado a circular y masificarse vía WhatsApp y Telegram desde hacía 4 días, por lo que llama poderosamente la atención que no se haya previsto un operativo escudo para evitar este desenlace. Ya en septiembre del año pasado -luego del triunfo de Lula sobre Bolsonaro en primera vuelta y que se repitió en octubre en el ballotage- se habían registrado incidentes, también en Brasilia; mientras que las manifestaciones de ciudadanos opositores a Lula se han convertido en una constante frente a los cuarteles del Ejército de las distintas ciudades brasileñas.
El origen del caos
El domingo 8 de enero se cumplió la primera semana de la tercera presidencia de Lula Da Silva en Brasil. Y este mismo domingo, desde primera hora de la mañana, nutridos grupos de manifestantes comenzaron a llegar a las sedes administrativas del Gobierno Federal de Brasil en Brasilia.
Identificados con remeras y camisetas amarillas y verdes -con los colores de la bandera brasileña-, los manifestantes, identificados con el ex presidente Bolsonaro, llegaron a la zona donde se encuentran los ministerios y las sedes de los tres poderes administrativos. Con anterioridad, los partidarios de Bolsonaro y críticos de Lula se habían concentrado frente al Cuartel General del Ejército (también en Brasilia) para exigir una intervención militar que derrocara al presidente electo democráticamente. Y desde allí se movilizaron hasta la Explanada de los Ministerios.
Aunque no hay una cifra exacta, fueron miles los alborotados manifestantes que tomaron por asalto el Parlamento, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema. Por la violencia y los desmanes que incluyó la movilización y el asalto a los edificios administrativos, el alzamiento recordó a la invasión en el Capitolio estadounidense que se registró en 2020 y que fue protagonizada por violentos simpatizantes del también ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Luego de los incidentes y de la intervención de las fuerzas de seguridad, ya durante la tarde y última hora del domingo fueron detenidas más de 300 personas y se recuperó el control de los edificios administrativos y políticos de la capital brasileña.
El propio Jair Bolsonaro, a quien Lula responsabilizó como instigador de este alzamiento -que incluyó enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en la plaza- condenó vía Twitter las protestas. Lo hizo desde Florida, Estados Unidos, donde está residiendo. Y, en el mismo mensaje, rechazó la afirmación del presidente brasileño referido a su participación como instigador del alzamiento y la invasión.
El día después
Ya con los edificios administrativos recuperados y con la intervención de Brasilia decretada por el presidente Lula Da Silva -lo que ha traído una tensa calma en la capital brasileña-, este lunes se conocieron los primeros coletazos de la violenta invasión del domingo.
La primera “cabeza en rodar” fue la del, hasta hoy, Secretario de Seguridad del Distrito Federal (Brasilia), Anderson Torres. El hoy ex funcionario fue despedido de su cargo, mientras que la Abogacía General del Sindicato solicitó al Supremo Tribunal Federal que disponga su detención. El principal cargo por el que pide que se lo acuse tiene que ver con “omisión relativa a vandalismo e invasiones de edificios del poder”. Torres es ex ministro de Justicia de Bolsonaro y también se encontraba en Estados Unidos este domingo, mientras se producían los incidentes y las invasiones.
Además, se ha solicitado al Supremo Tribunal Federal que se impute y acuse dentro de la ley antiterrorista (2016) a todas las personas que participaron en las invasiones. El pedido se justifica en “el terror causado sistemáticamente por estos grupos y el radicalismo de los temas defendidos por estos criminales”, según reclamó la Orden de los Abogados de Brasil.
También el gobernador del DF, Ibaneis Rocha se convirtió en uno de los apuntados. Y es que desde el Supremo Tribunal Federal se ordenó su destitución por 90 días ante el pedido de la Fiscalía General de la República.
Aunque Rocha había lamentado lo ocurrido y pedido disculpas, se lo acusa de no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar las invasiones, aun teniendo información disponible de que ello podría ocurrir. “Lo ocurrido es inaceptable. Son vándalos, auténticos terroristas que recibirán de mí la guerra que merecen para que sean castigados”, había afirmado el hoy destituido Rocha, luego de los incidentes.
El detalle es que los medios de comunicación brasileños revelaron que el asalto y las invasiones ocurridas este domingo venían gestándose por WhatsApp y Telegram desde el 3 de enero. Incluso, se habían filtrado detalles del plan golpista -que incluía la toma de armas y el bloqueo a refinerías de combustible-, por lo que llama la atención que no se haya previsto el caos.
Además, la Policía Federal conformó un gabinete de crisis para identificar a los autores, entre quienes se destacaba -y ya fue identificado- Leo Indio, un sobrino del ex presidente Bolsonaro. Por su parte, Lula responsabilizó de estos ataques al “agronecio fascista” y dijo que contó “con ayuda extranjera”, en alusión a Bolsonaro al estadounidense Steve Bannon, partidario de Trump y con un estrecho vínculo con el ex presidente brasileño.
Bannon fue precisamente condenado a 4 meses de prisión por haber sido el instigador del asalto al Capitolio estadounidense, llevado adelante por militantes trumpistas y para exigir la renuncia del actual presidente Joe Biden. Este episodio, registrado en 2020, ha sido comparado con el vivido en Brasilia ayer.
