El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió el miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que buscaba destituirlo. El mandatario podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión, el mandatario aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Argumentó que “esta es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y consideró que “esta es la mejor decisión posible”.
La decisión de Lasso se sustenta en el artículo 148 de la constitución, que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
El presidente ecuatoriano ahora deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas y los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
LAS FUERZAS ARMADAS EXPRESARON SU APOYO:
En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo a la decisión del mandatario al sostener que se fundamenta en la constitución y “por tanto... debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”.
Proaño sostuvo que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la constitución y las leyes” pero advirtió que en caso de un intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia “actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos”.
El abogado y constitucionalista Esteban Ron aseguró a The Associated Press que esta medida, conocida como “muerte cruzada”, no es un escenario ideal para el presidente “porque en lo político va a estar en ojo de todo el mundo” y aunque no tendrá un contrapoder en la Asamblea Nacional “se activa el poder social” en caso de que sus decisiones sean rechazadas por diversos sectores.
EL JUICIO POLÍTICO CONTRA GUILLERMO LASSO:
La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaba adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.
El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, a cuyos integrantes ha acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.
La decisión desató duras críticas como las de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, cuyo titular Leonidas Iza publicó en su cuenta de Twitter que “Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de policía y las Fuerzas Armadas sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”.
La Asamblea fue desalojada en la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impedía el paso.
“Qué bueno que hayan mandado a la casa a esos vagos de la Asamblea, no hacían nada, solo se pasaban insultando”, dijo a AP Julio César Anda, un mensajero de una oficina de seguros. Pero la empleada doméstica Josefina Maigua sostuvo que al disolver la Asamblea el presidente “ya se convirtió en dictador”.
Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.
Según establece la normativa, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente, mientras el resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto. El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para el resguardo del Palacio Legislativo.
Lasso, que tiene apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.
