“Pondremos fin al nuevo apoyo público directo para el sector internacional de energía de combustibles fósiles para fines de 2022, excepto en circunstancias limitadas y claramente definidas que sean consistentes con un límite de calentamiento de 1,5 °C y los objetivos del Acuerdo de París”, señala la declaración.
El documento, que no cuenta con el apoyo de países como China, Japón, Rusia o Australia pero sí de Italia, Canadá, Albania, Portugal, Eslovenia o el Reino Unido, llama “a implementar compromisos similares en la COP27 y más allá”. “Invertir en proyectos relacionados con la extracción continua de energía fósil implica crecientes riesgos, sociales y económicos”, explicó el comunicado, divulgado durante la COP26 de Glasgow.
La iniciativa, impulsada por Gran Bretaña, provocó la adhesión rápida de otros países. “Tenemos que poner a la financiación pública del lado correcto de la historia”, declaró el viceministro de Negocios y Energía británico, Greg Hands. La medida representa “la próxima frontera crítica que debemos cruzar si queremos mantener en pie +1,5 ºC”, indicó Hands, en alusión al límite del calentamiento del planeta adoptado como objetivo por la comunidad internacional en el Acuerdo de París sobre el clima.
Una investigación reciente de la organización Oil Change International demostró que entre 2018 y 2020, los países industrializados del G20 invirtieron unos 188.000 millones de dólares en proyectos de extracción en el extranjero, principalmente a través de bancos de desarrollo multilaterales. Estas instituciones no están cubiertas por este compromiso, que las organizaciones no gubernamentales recibieron con reservas.
