La decisión afecta a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que suman 52 mil kilómetros cuadrados, y se prolongará durante 15 días prorrogables e implica que “las fuerzas armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona”.
Piñera, acorralado por los pedidos de juicio político luego del escándalo de los Pandora Papers, declaró que “este estado de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, pero lo hace sin mencionar los reclamos y pedidos de los mapuches.
Según sus propias declaraciones a medios locales, “la grave situación requiere que el Estado haga uso de medios, capacidades institucionales, mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el orden público y el estado de derecho, y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos”.
La decisión se da en un contexto de franco deterioro gubernamental, con casi 80% de rechazo y apenas 15% de aprobación, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervención de los militares, al igual que los partidos oficialistas.
