Varios diputados chilenos se pusieron de acuerdo este martes pasado para presentar un juicio político contra el presidente, en el caso que han llamado localmente como los “Piñera papers”. Según los parlamentarios, los hechos “afectan la honra de la nación”, mientras que Gabriel Ascencio, jefe de la bancada del partido Democracia Cristiana (DC), dijo a medios locales que “los hechos denunciados son muy graves y ya lindan con el cohecho, son escandalosos”.
Para que el juicio político tenga efecto se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Como resultado, Piñera sería destituido o inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, la acusación también puede fracasar. Según una publicación del diario chileno La Tercera, la compraventa realizada por Piñera y revelada en los “Pandora Papers” ocurrió durante su primera administración (2010-2014). Al solicitar un juicio político se debe hacer mientras el presidente está aún en funciones o dentro de los seis meses posteriores al fin de su cargo.
En un discurso publicado en sus redes sociales, Piñera declaró que “Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación en el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”.
