La Policía Nacional española detuvo en Madrid y Barcelona a los siete integrantes de una red que falsificaba pasaportes sanitarios y PCR a famosos y delincuentes. En total, 1.600 personas son investigadas por recurrir a los “servicios” de esta banda. Entre los clientes más conocidos se encuentra el famoso cantante Omar Montes, informaron fuentes de la investigación.
Hay también conocidos condenados por hechos delictivos que habrían pagado entre 200 y 2.000 euros por estos documentos, como A.M.C., conocida como la “reina de la coca”. En España llegó a vender en un año 100 kilos de esta droga y ha sido detenida varias veces, la última vez en 2014, detalló 20 Minutos.
Otro de los investigados es S.R.G., conocido como Moli, que trabaja con aluniceros como especialista en cajas fuertes. Este hombre cumplió condena por homicidio imprudente al atropellar a una persona, en el distrito madrileño de Arganzuela, que murió en el hospital.
Modus operandi
Según confirmaron fuentes policiales a medios españoles, el grupo detenido pertenecería a la rama española de una organización que se mueve en toda Europa y que tiene su base principal en Francia.
En general, la banda ofrecía su servicio a través de diferentes grupos de difusión de ciudadanos antivacunas españoles.
Los delincuentes dividían a los clientes en dos grupos en función de sus ingresos y cobraba 200 euros (225 dólares) o 1.000 euros por un certificado de vacunación COVID falso, que se enviaba en los dos días siguientes al pago. Una prueba de PCR negativa costaba 50 euros, informó Infobae.
Una vez que los delincuentes recibían el pago, le brindaban a los clientes el código QR que los confirmaba como personas vacunadas en los registros oficiales, si haberse aplicado ni una dosis.
Entre los detenidos hay una mujer argentina
Una ciudadana argentina fue detenida en España en el marco de la desarticulación de esta banda delictiva. Se trata de una mujer de 38 años, cuya identidad todavía no fue revelada y cuyas funciones en la organización delictiva tampoco fueron clarificadas.
Las autoridades de ese país creen que la banda captó a empleados de la sanidad pública para tener acceso a los registros oficiales.
