La activista Aung San Suu Kyi fue condenada este lunes inicialmente a cuatro años de cárcel por incitar disturbios e incumplir las medidas aplicadas para contener la pandemia, en el primer veredicto emitido contra la premio Nobel de la Paz desde que fue detenida tras el golpe de Estado en Birmania del 1 de febrero.
Suu Kyi, considerada la líder ‘de facto’ del Gobierno depuesto, siempre ha negado los cargos que se le imputaban, al igual que su entorno, que ha denunciado las malas condiciones de reclusión. La sentencia estaba programada inicialmente para la semana pasada, pero un aplazamiento de última hora la retrasó hasta este lunes.
El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe. La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020.
La exmandataria fue sentenciada en una vista en la capital por un tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b). El tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados. La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.
Por su parte, el subdirector de Campañas de Amnistía Internacional en Asia, Ming Yu Hah, afirmó que “Las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania”. “La decisión absurda y corrupta del tribunal es parte del patrón devastador de castigos arbitrarios que han provocado más de 1.300 personas muertas y miles de detenidos desde el golpe de Estado en febrero”, agregó Ming.
La activista recordó que hay miles de detenidos sin el perfil de Suu Kyi que se enfrentan a la “terrible posibilidad” de años en la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos a la protesta y disentir con la junta militar.
Contra la premio nobel de la paz penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de secretos oficiales, todas castigadas con penas de cárcel. Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, señalan que su representada niega todas las acusaciones presentadas en su contra.
