Este miércoles, un grupo de expertas y activistas de organismos de derechos humanos alertaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en América Latina, una de cada cinco niñas o adolescentes se casa o vive en unión de hecho antes de cumplir los 18 años. En adición, precisaron que esta es la única región en donde el número de matrimonios infantiles no ha bajado, informó la agencia de noticias AFP.
“No están listas para optar por la licencia para conducir, no están listas para votar y el ordenamiento lo prohíbe” pero les permite “casarse”, afirmó Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres.
“No están listas para administrar sus propias vidas” pero terminan en “embarazos tempranos administrando nuevas vidas”, denunció durante una sesión del Consejo Permanente (órganos ejecutivo) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Y añadió: “No están listas para matrimonios en parejas de su misma edad pero terminan en relaciones impropias donde las parejas les doblan la edad”.
Según ella “aproximadamente una de cada cinco niñas, y en algunos países es una de cada cuatro, se encuentran en unión de hecho o de matrimonio antes de los 18 años” en esta región, que “es la única del mundo donde en los últimos cinco años los matrimonios y uniones infantiles no han bajado”.
El diagnóstico es “dramático”, coincidió Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
Dieciocho países de la región prohíben el matrimonio antes de los 18 años de edad pero 22 permiten excepciones.
Los impactantes números en torno al matrimonio infantil
Según un estudio del comité de expertos de MESECVI, los países que fijan la edad mínima legal para contraer matrimonio en 18 años, sin excepciones, son Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
Otros decretaron los 16 años con excepciones: Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Dominica, Granada, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.
Y en otros no es necesario, siquiera, haber cumplido los 16 años, salvo excepciones, como en Argentina, Bahamas, Colombia, Cuba, Cuyana, Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.
“O sea socialmente permitimos que esto ocurra”, afirma Mejía, que alerta de que incluso “existe una mayor prevalencia de uniones informales” en niñas de 8 o 9 años.
Para Alejandra Mora el sistema lo autoriza “porque es funcional, porque estas niñas y adolescentes terminan siendo las proveedoras de servicios domésticos, de cuidados, de trabajo y hasta de trabajo sexual”.
La cantidad de Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF) en la región “se ha mantenido durante los últimos 25 años”, afirmó Rocío Muñoz, asesora del Fondo de Población de la ONU en un mensaje de video.
Si no se actúa “en el año 2030 tendremos el segundo porcentaje más elevado”, advirtió, coincidiendo con el lanzamiento de la campaña #antesdelos18NO.
Una práctica enraizada que vulnera a las niñas
Hay factores que propician esta práctica, como “la desigualdad y la discriminación en razón de género, la falta de oportunidades y la existencia de entornos de inseguridad y violencia”, enumeró Alma Burciaga-González, jefa de la sección de América Latina y el Caribe de la oenegé Girls Not Brides.
Si no se abordan estas causas “podemos tener un sinnúmero de leyes” pero el problema no se resolverá, insistió en el Día Internacional de la Niña.
En países de América Latina donde se han adoptado leyes que prohíben el matrimonio antes de cumplir los 18 años, algunos jueces los siguen registrando, han aumentado las uniones libres o se ha criminalizado a las menores, que no se atreven a ir a centros médicos por miedo a ser sancionadas.
“Las leyes por si solas no resuelven ni resolverán prácticas enraizadas en nuestra sociedad, a menos que formen parte de un esfuerzo mucho más amplio”, advierte Burciaga-González.
Sofía Quiroga, coordinadora del movimiento Jóvenes Latinas, llamó a la OEA a “no mirar hacia otro lado” para evitar “seguir estando en deuda” con las niñas y las adolescentes.