Casi por unanimidad, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que implica el apoyo político de distintos núcleos partidarios para una renegociación sustentable ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los tenedores de bonos argentinos.
En el plano internacional, el Papa Francisco expresó ante la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, que “no se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables”.
En un claro gesto en favor de nuestro país, el jefe de la Iglesia Católica pidió un alivio para las naciones endeudadas; habló de solidaridad y se pronunció en contra de la acumulación financiera de grandes grupos y de especuladores globales.
El apoyo para la negociación de los principales presidentes y primeros ministros europeos e incluso del mismo Donald Trump, indican que el marco político es más que favorable para que la Argentina consiga una dilación en los plazos, o bien la extinción de obligaciones menores ante los organismos internacionales, que exageraron el financiamiento otorgado a la gestión de Mauricio Macri.
En esa dirección, Martín Guzmán sostuvo que “hacer austeridad fiscal para pagar la deuda en una situación de deuda insostenible no funciona, y, por el contrario, es contraproducente y empeora la situación”.
Pero los bonistas tienen una actitud menos comprensiva que los jefes de gobierno y demandan que la Argentina pague en su totalidad y en tiempo los compromisos asumidos por las distintas administraciones en los últimos 60 años.
Es posible que tanto el FMI como el Club de París, que reúnen las acreencias de los gobiernos, tengan una actitud flexible a los planteos de los negociadores argentinos. Sin embargo, los acreedores privados asumirán posiciones inmodificables, como sucedió ante el intento de la provincia de Buenos Aires de dilatar tres meses el pago de un bono de 250 millones de dólares, o con la intención del Gobierno nacional de estirar los plazos de un título en pesos y en dólares. La propuesta apenas logró el respaldo del 10 por ciento de los acreedores.
El Gobierno nacional ha planteado la solución de los pagos de la deuda como el eje de su plan económico, cuyos lineamientos aún no se conocen, pese a la demanda de los bonistas y de los agentes internos.
El voluntarismo deberá corresponderse con un plan equilibrado entre las posibilidades reales de pago a los acreedores y la respuesta a la llamada “deuda interna”, con amplios sectores sumergidos en la pobreza.
