La Cámara de Senadores aprobó la creación del Defensor del Docente, una figura legal que apunta a protocolizar las denuncias de abuso y maltrato que tengan que hacer los maestros, por un lado; pero que también castiga a quienes agredan a un funcionario que se desarrolle en un establecimiento escolar. La pena es de hasta 30 días de arresto y multas de hasta $ 3 mil.
"La defensoría del docente indica un procedimiento que van a tener los docentes. En los casos en los que tengan la certeza o la presunción de un caso de violencia, tendrán que comunicarlo a la Justicia, a través de un asesor de Menores, y al Poder Ejecutivo a través de la OAL. El derecho que tienen ahora es que serán asistidos por un abogado que aportará el Estado", señaló el senador Juan Carlos Jaliff.
Esta asistencia legal fue propuesta por la Dirección General de Escuelas (DGE) y anunciada por el gobernador, Alfredo Cornejo, en agosto del año pasado. A partir de ese entonces, el proyecto fue estudiado en la Legislatura y ayer se convirtió en ley.
Si bien no hubo mayores reparos entre los legisladores, aunque sí algunas modificaciones, las críticas vinieron por parte del titular del SUTE, Sebastián Henríquez, quien advirtió que "son medidas para el día después".
"Es un anuncio demagógico o para la tribuna porque el Gobierno no se propone prevenir las situaciones de violencia. Para esto se necesita una estructura montada de asistencia, que es lo que venimos denunciando cuando decimos que están desfinanciando el sistema educativo", criticó Henríquez y apuntó a que haya más agentes dedicados a la prevención de los hechos, como los psicopedagogos y los servicios de orientación.
Protección por dos
La figura legal que asistirá a los docentes tiene dos aspectos. El primero apunta a establecer un nuevo protocolo en los casos que un maestro advierta una situación de abuso o de violencia intrafamiliar en sus alumnos.
Con la nueva legislación, en lugar de ir el docente a realizar la denuncia, con la exposición que supone, tendrá que advertir al asesor de Menores. Allí aparece la figura del defensor, que es el que va a tener la obligación de hacer la denuncia a la Fiscalía.
Cabe recordar que el docente tiene la obligación de reportar toda situación de violencia o abuso sexual que advierta. En este sentido, el proyecto de la DGE fue modificado por Diputados y se amplió la posibilidad de denuncia, no sólo a la evidencia concreta sino ante las sospechas.
"Hay que proteger al niño no sólo donde haya marcadores específicos de violencia o abuso, sino cuando haya marcadores generales. Estos pueden ser cambios de carácter, en donde el menor se vuelve agresivo, callado, se aísla, no quiere participar en clase", dijo la diputada Beatriz Varela.
Un segundo aspecto de la ley son las sanciones que sufrirán los padres o familiares que agredan a los docentes. A partir de la modificación del Código de Faltas, se agregó a los maestros entre quienes son figuras públicas que pueden ser castigadas en los casos de "ser ofendidos".
"Si el ofendido fuere... docente y no docente, cualquiera fuere su jerarquía, de establecimientos educativos de gestión pública o privada de la Provincia o inspectores y notificadores de Empresas o Entidades de Servicio Públicos, la pena podrá ser aumentada hasta 30 días de arresto y la multa hasta 3.000 pesos", establece la nueva redacción.
