Los inspectores de los municipios de Mendoza ya están siendo capacitados y una vez que la normativa provincial aparezca en el Boletín Oficial comenzarán a controlar precios en almacenes, verdulerías y carnicerías de barrio. Aunque en las próximas horas se terminará de definir los detalles puntuales, se prevén multas desde los 20 mil pesos para los incumplimientos en este tipo de locales y desde los 100 mil pesos cuando se trate de comercios de grandes superficies. "El espíritu es que si se pide a la gente que concurra al negocio que le queda más cerca, no permitir abusos en el comercio de cercanía" resumió una fuente oficial.
En medio de la cuarentena extendida hasta el 26 de abril por el presidente, Alberto Fernández, y en conjunto a los trabajos que ya está realizando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Provincia resolvió en conjunto con la mayoría de los municipios avanzar rápidamente en la fiscalización y control de precios a supermercados, mayoristas y comercios toda la provincia, con el objetivo que se cumplan las disposiciones respecto a los precios de referencia, y evitar abusos y especulaciones. Si bien la normativa legal está prácticamente lista, el decreto provincial saldrá publicado esta semana.
Los parámetros generales sobre cómo será el trabajo de los inspectores municipales para controlar a los miles de comercios que hay en la provincia fue discutido este fin de semana, en una videoconferencia entre el director de Fiscalización y Control de la provincia, José Cortez; y los referentes del área de casi todos los municipios.
Si bien desde el Ministerio de Economía destacaron que ya se han realizado trabajos en conjunto entre la dirección de Fiscalización con los municipios, ahora se dotará de poder a los inspectores de los departamentos para afianzar el control, en este caso particular, del precio de los productos.
La avanzada de la provincia y los municipios se dio luego de la publicación del decreto nacional 351/2020 de este jueves, en la cual se convocó a las provincias y municipios a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de los precios de referencia, con sus niveles mínimos y máximos, dictados en la resolución 100 de la Secretaría de Comercio Interior.
Además, se espera que la normativa sobre los lineamientos generales de este control de precios salga en estos días, teniendo en cuenta que los municipios no tienen hasta ahora en su potestad realizar el control de precios en sí (inspección comercial); sino fiscalizar horarios de apertura, inspecciones bromatológicas y diferencias entre precios de góndola y de caja, entre otros.
Adaptar a realidades
Cortéz, en diálogo con Los Andes, sostuvo que estos días se avanzó y coordinó con la gran mayoría de los municipios y que prácticamente está todo el marco legal listo para poner en funcionamiento todo este aparato de control en los departamentos.
Respecto a cómo se realizará, el funcionario explicó que la normativa "se adaptará a cada municipio", sobre todo teniendo en cuenta "lo que cuesta que ese producto llegue a cada almacén o comercio", tanto en flete, como si es una cadena de supermercados o un almacén de barrio, que naturalmente tiene menos capacidad de negociación en la compra de productos.
"Establecimos un protocolo de actuación donde estará indicado como se hacen las actuaciones y cada municipio establecerá su estrategia. Vamos a respetar las autonomías municipales", aclaró.
En tanto, los precios de referencia serán, en comercios y supermercados, los informados por el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA); mientras que en frutas y verduras, los informados por el Mercado Concentrador de Guaymallén y la Cooperativa Mercado Concentración (Comerco) de San Rafael.
Con relación al proceso en caso de irregularidades, las actas estarán realizadas por los municipios, pero las multas serán dispuestas por el organismo provincial. En tanto, respecto a las multas, a comercios chicos pueden ir desde los $20.000 en adelante (e incluso la clausura) según la gravedad de las irregularidades; mientras que en supermercados y mayoristas, a partir de los $100.000.
Preparados
Los Andes se comunicó con algunos intendentes o funcionarios de departamentos, quienes dieron su opinión con relación al control de precios y, en conclusión, aguardan listos la posibilidad de sumar estos operativos a los que ya realizan.
El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, estuvo de acuerdo con la medida presidencial y provincia, y destacó están a la espera del acta para "garantizar la legalidad del proceso", tanto en el control como en los derechos del comerciante para defenderse y realizar el descargo.
"Cumplir con el control de precios máximos es una forma de ser solidarios, cuidándole el bolsillo a la gente, en especial a los que menos tienen", consideró.
Natalio Derinovsky, director de Fiscalización y Control de Godoy Cruz, sostuvo que en el municipio ya están listos para, una vez con el decreto provincial, empezar a controlar posibles irregularidades en los precios de comercios.
"Ya tenemos aceitado el grupo de inspectores, que es el mismo que está trabajando con los horarios de la cuarentena y rubros que pueden o no abrir según los decretos presidenciales", acotó, y agregó que en caso que falten inspectores, podrían llamar a algunos de otras secretarías para reforzar.
Por el lado de Maipú, desde el municipio dejaron en claro que "no se trató de un acuerdo" con el gobierno, sino de un "intercambio de opiniones". No obstante, indicaron que a partir del decreto de Alberto Fernández que faculta a los municipios a controlar precios, ya estaban en un proceso de capacitación de los 27 inspectores que tienen.
“Estamos buscando la forma más ágil de implementar la decisión presidencial, para proteger a los vecinos de posibles especuladores”, destacaron.
Qué dice el decreto presidencial
La norma nacional es el decreto 351, en el cual convoca a los intendentes de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, "la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 100/20".
A través de esa ley, se facultó a la secretaría "a establecer, entre otros, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, a la vez que establece severas sanciones ante la constatación de incumplimientos".
En tanto, por medio de la resolución 100 de ese organismo, que fue dispuesta el 19 de marzo de 2020, "se dispuso por el término de 30 días corridos desde su entrada en vigencia, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general".
