Cierta vez, a François Mitterrand le preguntaron cómo sería el hombre del siglo XXI, y éste dijo: “El hombre del siglo XXI será mujer”. Y así se está dando.
Estoy convencida de que así será, pero para ello debemos realizar cambios profundos en nuestra sociedad, que nos demandarán un gran esfuerzo, pues implica romper viejas estructuras patriarcales que sólo sirven para hacernos cada vez más daño. Es imperioso que todas las mujeres se involucren mucho más en política, sea desde el lugar que sea. Esto, sin dudas, va a aportar nuevos valores, distintas prioridades y nuevas formas de manejar la cosa pública.
Este año, 947 de los 2.134 precandidatos a diputados nacionales son mujeres, según surge de una base de datos verificada con la Justicia Electoral y los partidos políticos.
En las elecciones de 2015, según un estudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), fueron 1.601 los precandidatos, de los cuales un 42,7% eran mujeres (864), un porcentaje apenas menor al de este año.
Desde organismos especializados como Cippec, ELA y Directorio Legislativo, señalan que la regulación sobre la representación de las mujeres en Diputados en la Argentina se encuentra atrasada respecto de otros países de la región (como Bolivia, Ecuador y México) y europeos (Francia y España), que ya introdujeron una regla de equidad en la representación legislativa.
Por otro lado, en el ámbito privado, las investigaciones recientes demuestran que la diversidad de género ayuda a las empresas a mejorar sus resultados, y señalan que el interés personal y el interés común pueden ir de la mano. Sin embargo, para garantizar la inclusión del talento, las aptitudes y la energía de las mujeres -desde las oficinas ejecutivas hasta las fábricas y la cadena de suministro- es necesario adoptar medidas y políticas específicamente dirigidas al logro de ese objetivo. Sin dudas, éste es el gran desafío.
En particular, nuestro compromiso debe estar con todas las mujeres que habitan el suelo mendocino. Es un compromiso con los valores de la universalidad, transparencia y participación. Coherentes con el principio de universalidad hay que seguir exigiendo, para todas, la universalización de todos los derechos humanos. Esto implica una actividad constante de vindicación que abarque los derechos básicos a la educación, al trabajo, sanidad y protección social y a participar en pie de igualdad en todos los asuntos colectivos, a fin de que todas las mujeres puedan vivir como seres humanos libres y dignos.
Es fundamental hacer respetar a las empresas los principios para el empoderamiento de las mujeres, lo cual sin dudas llevará a mejorar la calidad de vida de éstas, y de la sociedad en su conjunto. Estos principios han sido elaborados a través de una asociación entre ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y están diseñados para ayudar a las empresas a la hora de examinar las políticas y prácticas que aplican -o a crear otras nuevas- en el ámbito del empoderamiento de las mujeres. De forma resumida, estos principios consisten en lo siguiente:
1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.
2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación.
3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras.
4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.
5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres.
6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.
7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.
Como se observa, hacen hincapié en la adopción, por parte de las empresas, de medidas encaminadas a fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y están basados en prácticas empresariales extraídas de la vida real y en aportes realizados por empresas de todo el mundo. Además, reflejan los intereses de los gobiernos y de la sociedad civil y sirven para respaldar la interacción entre las diferentes partes interesadas, puesto que el logro del objetivo de la igualdad de género requiere la participación de todos los actores en todos los niveles.
La ley nacional se encuentra rezagada incluso respecto de las siete provincias donde la paridad es ley: Córdoba (2000), Santiago del Estero (2000), Río Negro (2002), Salta (2016), Buenos Aires (2016), Chubut (2017) y Neuquén (2017). El gran desafío es lograr la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer. Según la Declaración de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Resolución de la Asamblea General, de diciembre de 1993 dice: "La violencia contra las mujeres es la manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han llevado a la dominación y la discriminación contra las mujeres hecha por los hombres y a la evitación del completo avance de las mujeres… ".
Por ello, hay que seguir luchando por nuestros derechos, y para ello debemos apoderarnos de los lugares que nos pertenecen.
Invitamos a todas la mujeres a hacer efectivo su derecho a la participación política, conscientes de que la conquista de estas legítimas demandas servirán para elevar la moral de los sectores explotados, en este caso -lamentablemente- el nuestro, el propio.
