La comunidad de Ugarteche, al sur de Luján de Cuyo, vivió en los últimos días de setiembre episodios muy graves, que derivaron en la muerte de un joven de 16 años, lo más penoso de todo lo ocurrido.
Pobladores de ese distrito realizaban un corte de camino entre las rutas provinciales 15 y 16, para protestar por los frecuentes robos que sufrían en sus domicilios en que se divide esa jurisdicción. En esas circunstancias corrió la voz de alarma de que desconocidos estaban robando en la vivienda de uno de los manifestantes.
La reacción fue inmediata entre quienes se expresaban en la vía pública y parte de ellos se trasladó hasta la vivienda de uno de los presuntos ladrones y le prendió fuego. Tras la destrucción de esa vivienda, se descubrió que uno de los moradores, que se había escondido debajo de una cama, murió calcinado. La ira y la violencia imperaron durante varias horas de uno y otro lado.
El descalabro social estaba instalado. La Policía, escasa numéricamente en zonas del campo mendocino, no quiso o no pudo impedir el pronunciamiento popular, cuando lo más lógico hubiera sido detener a los sospechosos de la sustracción y ponerlos a disposición de la instrucción judicial. Con posterioridad hubo arrestos de 3 personas y la consiguiente imputación por incendio doloso en concurso real con homicidio culposo.
La comunidad donde se produjeron los hechos era en los años '70 y '80 un típico escenario rural, de intenso trabajo agrario, que recibió el aporte determinante de la colectividad boliviana, que fue (y lo sigue siendo) mano de obra insustituible para el laboreo de la tierra y la recolección de los frutos.
El paso del tiempo cambió usos y costumbres en el pueblo, la población creció y muchos no comprendieron y desnaturalizaron el carácter pacífico y empeñoso de la comarca. Los robos se hicieron moneda corriente, se vivieron el incendio intencional de la biblioteca de la emblemática escuela técnico agraria de la zona, la Arturo Jauretche, las sustracciones en el centro de salud y las ocupaciones de terrenos de familias sin techo, originarias del lugar y muchas foráneas.
El distrito sufrió la fragmentación social y perdió el rasgo que lo distinguía en la provincia: ser un hábitat del campo mendocino relativamente pacífico, con bajos índices de inseguridad.
La muerte del muchacho, probablemente integrante del grupo que había delinquido y que causó la desmesurada reacción popular, no contribuirá a mejorar las condiciones de ese rincón lujanino; muy lejos de eso, pueden agravarse hasta límites impensados y dar origen a otros sucesos violentos de impredecibles consecuencias.
Los Estados municipales y provincial, bastante ausentes para prever acciones que signifiquen abortar delitos y maniobrar adecuadamente para evitar linchamientos públicos, deben promover intensamente la recuperación de jóvenes adictos a las drogas y al despojo como forma de vida. Buscar, por difícil que parezca, cortar el circuito e impedir que nuevos jóvenes se incorporen al mundo del delito.
Ya el sociólogo Juan Carlos Aguiló aconsejaba, al promediar 2007: "Hacer una transferencia de ingresos hacia quienes van a la escuela o asistan a talleres de capacitación con el fin de que tengan un salario que no los exponga al riesgo de volver al delito para tener dinero".
La mano dura ya probó que no era la manera más adecuada ni la solución mágica, como tampoco llenar las cárceles de jóvenes. Las tareas sociales y preventivas hacia los sectores vulnerables pueden conseguir que la tragedia de Ugarteche no se vuelva a repetir.
