Los hechos se suceden y todo indica que resulta difícil poner límites. Las crónicas policiales se refieren, casi a diario, a hechos de violencia social que se producen en su gran mayoría en zonas del Gran Mendoza y que involucran a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, con estadísticas que determinan que muchos de ellos perdieron la vida.
Las cifras indican que el mayor porcentaje de muertes se ha producido en Rosario, especialmente como consecuencia del enfrentamiento entre bandas ligadas al narcotráfico, pero se repiten -por ese y otros motivos- en el Gran Buenos Aires, en zonas marginales de la Capital Federal y, también, en Mendoza.
La situación alcanzó tal nivel de preocupación que la propia Presidenta de la Nación se vio obligada a abordar el problema, poniendo énfasis en la situación social. Dijo que los jóvenes consideran que, al no tener un futuro cierto, su vida vale dos pesos y que por eso también vale dos pesos la vida de los demás.
La Iglesia Católica, por su parte, desde hace tiempo venía advirtiendo sobre lo que estaba sucediendo, pero no hubo respuestas de parte de la clase política. Ya en 2009, como consecuencia de los informes que hicieron llegar los “curas villeros”, la Pastoral Social expresó que a numerosos jóvenes de los barrios marginales la droga les llega mucho antes que la educación que un empleo digno, o que la contención a la que tienen derecho.
Para algunos especialistas la situación surge de la falta de oportunidades laborales y sociales que tienen los jóvenes, a lo que se suma la desaparición, en la práctica, de la cultura del trabajo que se había impuesto durante décadas en la Argentina.
En el caso específico de Mendoza, las estadísticas son por demás preocupantes. Hubo medio centenar de muertes en lo que va del año en hechos de violencia social y, de ese total, más de la mitad eran jóvenes comprendidos en edades que oscilaban entre los 15 y los 30 años.
Un informe proporcionado por una ONG destaca que en enero murieron 17 personas, 9 de ellas en esa franja etaria; en febrero 15, 10 de los cuales tenían entre 15 y 30 años, y en marzo 14, 12 de las cuales se incluían en ese marco de edad.
La mayor parte de los hechos ocurrieron en zonas del Gran Mendoza, pero esencialmente en el interior de barrios considerados “peligrosos”, como La Favorita, en Capital; Espejo, en Las Heras, Campo Papa, en Godoy Cruz o Lihué, en Guaymallén.
En la gran mayoría de los casos, por el tenor de la violencia, las propias autoridades policiales suelen calificarlos como ajustes de cuentas o como guerra entre bandas, situaciones en las que no estaría exento el tráfico o la comercialización de drogas.
Otro aspecto que se advierte es que en la consumación de los asesinatos se utilizan armas de grueso calibre, lo que determina que existe un importante comercio ilegal de armas muy difícil de erradicar.
Se trata de un tema complejo en el que se concatenan distintas variables, que van desde la delincuencia común pasando por el manejo de las bandas para la distribución de drogas, algunos casos de situaciones personales y con un fuerte contenido social como consecuencia de la exclusión a la que se han visto sometidos los sectores más desprotegidos.
De allí entonces que la solución debe encararse también desde distintas aristas y esa es la gran responsabilidad que le cabe a la clase política en general, no sólo a quien se encuentra circunstancialmente al frente de la gestión gubernamental.
Los resultados tampoco serán inmediatos, pero hay que comenzar a trabajar ya, de lo contrario la lamentable estadística se seguirá engrosando como se advierte en los últimos tiempos.
