La mira estaba puesta en el Iscamen desde el inicio de gestión, al punto que apenas arrancó el nuevo gobierno se tomó la decisión de hacer una auditoría completa.
El resultado no fue el mejor, ya que ese documento terminó en manos del fiscal de Delitos Complejos Juan Manuel Bancalari, quien investiga penalmente al ahora ex titular del Iscamen Raúl Millán, quien fuera dejado fuera de su cargo el lunes de la semana pasada.
La pesquisa administrativa encontró numerosas irregularidades, entre las que se cuentan una elevada cantidad de personal, más de la mitad con contratos de locación en otros organismos del Estado, movilidades propias paradas, obras sin habilitarse, contrataciones difíciles de explicar y demasiadas compras sin licitación.
El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) no es un organismo más; se encarga de mantener la sanidad fitosanitaria de nuestra producción, es decir tiene un impacto económico de peso, aunque quizá su tarea sea apenas perceptible para el mendocino medio, salvo cuando se ingresa a la provincia y hay que detenerse en las casillas de la barrera fitosanitaria.
Hasta el lunes pasado presidía ese instituto el ingeniero agrónomo Millán, quién llegó al cargo en 2013 propuesto por el ex gobernador Francisco Pérez. Antes había sido subsecretario de Programación Agroalimentaria en la gestión de Celso Jaque.
La auditoría fue por muestreo de expedientes. Y aparecieron más problemas que soluciones. Además, se hizo un análisis del recurso humano del organismo.
Y acá aparecen los primeros datos preocupantes: el Iscamen tiene 869 empleados, de los cuales 502 son personal de planta de la Fundación Coprosamen (es decir, los paga esa entidad), 111 son contratados también por Coprosamen, 229 son empleados de planta de Iscamen y 27 contratos de locación pagados por la Provincia.
La auditoría indica que no cuenta con información acerca de los anteriores contratos, ni tampoco del nuevo, a pesar de que “no cumple con lo establecido con el artículo 1 del decreto 65/2016, el cual establece que toda nueva contratación deberá contener la firma del Ministro de Hacienda y Finanzas y posteriormente la del Señor Gobernador de la Provincia”.
Extraña cantidad de empleados provenientes de otra área. En total 613 empleados entre planta y contratos que paga Coprosamen y que se desempeñan en Iscamen. ¿Por qué Coprosamen hace ese gasto por personal que evidentemente no necesita? “No se obtuvo información acerca de cómo opera la demanda de contratos de personal a la Fundación Coprosamen y en base a qué necesidades”, reza el documento.
La auditoría también señala la multiplicación de áreas y coordinaciones en el organigrama del instituto. Un exceso de jefes que hasta incluye un desdoblamiento de la asesoría legal al crearse el área legal de presidencia, que asesoraba exclusivamente al ex presidente Millán.
La auditoría señala que esa área letrada de Presidencia en lo que va de 2016 emitió un sólo dictamen; mientras que la tradicional asesoría ya sacó 349.
Durante 2015, la asesoría letrada más productiva hizo 918 dictámenes, contra la asesoría de presidencia que hizo 73. La asesora legal de presidencia era Margarita Millán, hija del renunciado presidente en cuyo lugar asumió el radical Alejandro Molero.
Sin explicación
Entre las contrataciones de insumos y servicios, la auditoría indica que “los pedidos de cotización son vía correo electrónico; es recurrente observar que de tres pedidos de cotización, dos de ellos son enviados vía correo electrónico y el presupuesto original firmado es el que resulta ser el adjudicatario”.
También llamó la atención que en los expedientes analizados “las solicitudes de compras o requisición de insumos obran a fojas posteriores a las facturas presentadas por el proveedor; las fechas de requisición y de facturas suelen coincidir; los volantes de imputación preventiva o definitiva suelen diferir con respecto al mes facturado que indica una falta de previsión del gasto”.
Además, se indica que se hicieron compras de insumos de uso cotidiano de Iscamen que podrían haberse anualizado y adquirirse por vía de licitación pública; pero se optó por hacer compras directas mensuales.
Todas estas irregularidades sugieren que las compras podrían haber estado direccionadas a algunos proveedores en particular.
Uno de los casos que ha trascendido en medios periodísticos es el de las movilidades. Según el inventario realizado por los auditores, Iscamen posee 49 movilidades propias y 33 alquilados, de ellas, más de 50 están destinadas a la sede central del Instituto.
“El espacio destinado a estacionamiento permite guardar aproximadamente 25 vehículos, a pesar de que el parque total destinado a sede central duplica esa cifra. Los responsables del área informaron que no existe permiso para que las unidades permanezcan estacionadas fuera del Iscamen, lo que marcaría una contradicción manifiesta entre lo informado a la auditoría y lo constatado”.
En el análisis se indica que existe un programa de seguimiento del parque automotor desarrollado por empleados del instituto, llamado Simois (sistema de movilidades de Iscamen).
“Sin embargo, a pesar de disponer de una aplicación muy amigable para cualquier usuario, no se encuentran registrados en el Simois la totalidad de los movimientos realizados por lo que resulta imposible evaluar el desempeño con los datos obtenidos del mismo”.
En números
869 empleados en total
229 de planta de Iscamen
613 vienen de la Fundación Coprosamen (502 de planta y 111 contratados).
27 contratos de locación de la Provincia
82 vehículos, 49 propios y 33 alquilados
$ 6 millones entre 2014 y 2016 en alquiler de vehículos
$ 295 mil por pólizas de ART dadas de baja por falta de pago.
