La noticia triste y escueta dice: “Falleció un hombre en la sede de Anses de Malargüe mientras esperaba ser atendido”. El señor Luis Mansilla tenía 63 años y sufrió una descompensación alrededor de la 8 de la mañana. Desde luego no se nos ocurre pensar que la Anses sea la causante de la muerte, sólo decimos que una persona falleció en ese lugar.
En consecuencia creemos oportuno efectuar algunas consideraciones sobre la situación de ese organismo público y las consecuencias para las personas mayores que deben concurrir a él.
Hace ya varios años en esta columna advertíamos sobre las graves consecuencias que la ampliación de prestaciones asignada a la Anses provocaba a quienes tramitaban sus jubilaciones o reclamos sobre ellas. Por aquel entonces se había limitado los días de atención a jubilados para poder atender a las otras prestaciones.
El organismo del que nos ocupamos fue creado en 1991 en el contexto de importantes reformas del Estado. El decreto 2284 de ese año, llamado de desregulación de la economía, había creado el Sistema Único de la Seguridad Social y disuelto las Cajas de Subsidios y Asignaciones Familiares y el Instituto Nacional de Previsión Social.
Luego, por el decreto 2741 del mismo año, se crea la Administración Nacional de la Seguridad Social -Anses- como organismo descentralizado en jurisdicción del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La función principal asignada a la Anses era administrar y controlar la recaudación de los fondos correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, en relación de dependencia y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares y del Fondo Nacional de Empleo y la fiscalización de las obligaciones de los regímenes mencionados.
En aquella norma de creación había dos aspectos interesantes a destacar; uno, que el personal que se incorporara a la Anses se regiría por la ley de contrato de trabajo y que el organismo se financiaría con hasta el 5% del total recaudado por el Fondo de la Seguridad Social. Recordemos también que por aquellos años varias provincias transfirieron sus Cajas de Jubilaciones al SUSS, entre ellas Mendoza.
Durante varios años la Anses funcionó muy bien, se agilizó y simplificó el tramite jubilatorio. Lo mismo ocurrió con el pago de las asignaciones familiares y seguro de desempleo.
Por otro lado, era evidente la formación en la Anses de un cuerpo de empleados y funcionarios especializados en la siempre difícil tarea de atender a personas mayores. Miles de personas obtuvieron su jubilación realizando personalmente los trámites en sus dependencias.
Pero durante los gobiernos de los Kirchner el sistema se ha modificado sustancialmente y poco o nada tiene ver con aquella creación original; hoy es un organismo saturado de obligaciones complejas y sensibles.
Las modificaciones han ido claramente en desmedro de la atención a las personas mayores, en edad de jubilarse o ya jubiladas. Por un lado, diversas moratorias y cambio de normas han permitido un aumento exponencial de la cantidad de jubilados y pensionados, que pasan los 8,5 millones.
Pero sin duda ha sido la incorporación de variados programas de asistencia social los que han complicado la situación, porque todos estos planes requieren de numerosos trámites. Mencionemos esos programas: el primero y más numeroso es posiblemente el de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo; se trata de millones de personas y prestaciones.
Luego hay otros, quizás de menor alcance en números pero suman a lo anteriores, como los planes Conectar Igualdad y Progresar, destinados a otorgar ayuda a estudiantes de diversos niveles. También Anses administra el plan Procrear, destinado a la construcción o ampliación de viviendas familiares.
Todas estas actividades hacen que miles de personas desfilen a diario por las cientos de oficinas de la Anses en todo el país. El espectáculo no suele ser reconfortante. Es fácil ver largas colas de personas de las más diversas edades y condiciones. Por cierto, las colas y las esperas no las sienten igual los jóvenes que los mayores o ancianos.
Pareciera razonable pensar que debiera separarse la atención específica de jubilaciones y pensiones de los otros planes sociales. Es posible que una medida de este tipo sea beneficiosa para todos.
