¿Es posible plantear la evasión impositiva como un problema moral? Los técnicos tributarios, así como los contribuyentes morosos, ¿tienen en cuenta este aspecto? Todo indicaría que no, pero al menos hay economistas que se han planteado la inquietud. Además de haber estudios sobre el tema, recientemente apareció el libro "Economía de la Evasión. La rebelión permanente", de los economistas Victoria Giarrizzo y Santiago Chelala.
Los investigadores realizaron una extensa encuesta a contribuyentes para concluir afirmando que "nueve de cada diez entrevistados considera que pagar impuestos es una obligación ciudadana; nueve de cada diez entrevistados afirma que evadir impuestos es un comportamiento incorrecto".
Pero cuando existe la posibilidad de obtener algún beneficio económico, su moral efectiva transmite un mensaje diferente: "Si al comprar un producto de $ 121 sobre el cual usted no necesita garantía, el vendedor le da a elegir entre: 1. Pagar $ 121 y llevarse el ticket de compra o, 2. Pagar $ 110 pero no llevar el ticket de compra ¿Qué elige?
Las respuestas a la pregunta hipotética sugieren cierta oposición entre la moral manifiesta y la moral efectiva individual: el 46,5% de los encuestados eligió comprar 'en negro' para ahorrarse 11 pesos. A pesar de la importancia asignada a cumplir con las obligaciones fiscales, si puede ahorrarse dinero, por poco que sea, casi la mitad de esos consumidores elige evadir".
Los investigadores, además de explicar con números y ejemplos concretos el problema, no dan vueltas al momento de profundizar en el problema de la evasión y afirman que muchos evaden porque sienten que el Estado no cumple con sus funciones; porque entienden que hay inequidades sociales o porque imitan la conducta de otros ciudadanos. Pero el problema real es que estos factores "distorsionaron de tal manera la moral que acciones como 'comprar en negro' o 'evadir' pueden seguir siendo consideradas incorrectas, pero la sociedad no las condena y en cambio las acepta". Por mal camino vamos entonces.
Ayer diario Los Andes publicó que los 100 principales morosos en Mendoza del impuesto inmobiliario acumulan un monto que llega a los 70 millones de pesos en el tercer trimestre de 2012. Las dos firmas que lideran el ranking son Dalvian (de la familia Vila) y KLP Emprendimientos (Hotel Intercontinental) del empresario kirchnerista Cristóbal López. Este último además posee casinos y emprendimientos petroleros en distintas provincias. En tanto los Vila, según la base de datos denominada The World Top Incomes Database publicada por el diario El Cronista, integran el grupo de las 1.000 familias argentinas con mayores ingresos del país y que poseen el 2,49% del ingreso nacional. Ese porcentaje equivale a unos U$S 12.500 millones, con lo cual esas familias ganan al año un promedio de U$S 12,5 millones.
¿Qué puede hacer la Dirección de Rentas? Varias cosas. En principio han notificado a deudores de todo tipo de impuestos. El ministro de Hacienda, Marcelo Costa, habla de un cambio en la forma de trabajo y afirma que cuando asumió tenían 20 inspectores y 10 estaban de licencia. También se queja de la falta de informatización que hay en el Estado y se esperanza en la tarea que realiza inteligencia fiscal.
De todas formas, complica saber que tres firmas (Dalvian, el Hotel Intercontinental y Bodegas Giol) deben más de 6 millones de pesos en impuesto inmobiliario y los pasantes contratados por Rentas para distintos operativos han realizado intimaciones por 7 millones de pesos. Está bien que el pequeño comerciante pague ingresos brutos y tenga cultura tributaria, pero se disgusta cuando se advierte que hay contribuyentes que, por diversos motivos, arrastran grandes deudas desde hace años.
El ministro ya cuenta también con la Administración Tributaria Mendoza, la nueva repartición que aglutinará a Rentas, Catastro y Regalías, que ideó a instancias de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) para mejorar la recaudación. Pero lo más importante quizás es que ya puede aplicar en Mendoza la Ley Penal Tributaria. En Rentas son conscientes de esto, han capacitado personal y aseguran que tienen en la mira a unos 5 contribuyentes.
Recordemos que la Ley indica que "será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, el que evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial..., siempre que el monto evadido excediere la suma de 400 mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual".
El ejercicio anual termina el 31 y en enero ya pueden notificar a los contribuyentes que cometan otros delitos tipificados en la ley.
Las herramientas para bajar el porcentaje de morosidad que en la provincia es del 40% están. Queda ahora esperar la acción de los funcionarios.
