Siempre hubo problemas para el inicio del ciclo lectivo. Lo que ha cambiado en esta oportunidad es el tono de la protesta, porque al reclamo de los educadores se han sumado los de los trabajadores de la salud y los del Estado, incluyendo cortes de calles y rutas y hasta los accesos a la Casa de Gobierno. Con un hecho no menos significativo: en el caso de la educación, las bases ponen en tela de juicio las conversaciones que los dirigentes mantienen con los funcionarios en el seno de las paritarias.
Si nos remontamos a la historia, deben de haber sido muy pocos los años en que las clases se iniciaron con normalidad. Siempre hubo reclamos y amenazas de no inicio del ciclo lectivo por motivos salariales y aún queda en la memoria lo que sucedió durante la gestión de José Octavio Bordón, cuando el SUTE decidió declarar un paro por tiempo indeterminado, el que concluyó cuando los docentes, en abril, fueron a cobrar sus salarios y se encontraron con los descuentos por los días no trabajados.
Pero este año hubo una serie de hechos que se concatenaron para que la situación se profundizara. Porque mientras se hablaba de que, en general, los planteos salariales rondarían el 25 por ciento, la devaluación y la inflación de mediados de enero y de febrero generaron de inmediato que subiera el piso del reclamo.
De nada valió que la Presidenta de la Nación anunciara que el incremento salarial para los jubilados fuera del 11,5 por ciento porque no sólo no se tuvo en cuenta por el resto de los gremios, sino que además fue uno de los "motivos" que llevó a las centrales obreras que conducen Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, junto con la CTA no oficialista, para declarar un paro general de actividades.
La situación es complicada. El Gobierno provincial tiene una pauta presupuestaria para enfrentar el año, aunque el presupuesto aún no está aprobado, y no puede gastar más de lo que tiene. Los trabajadores, por su parte, no confían en que la pauta inflacionaria sea la que el oficialismo dice y por ese motivo insisten en pedir un porcentaje que los cubra, tomando en cuenta lo que sucedió en los dos primeros meses del año. Por ese motivo también es que reclaman una nueva discusión paritaria para mediados de año. Y en todo ese juego aparece otro hecho no menos significativo: los gremios no respetan la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo.
Todo un problema, porque los sindicalistas dicen, con razón, que acuden a una acción establecida en la Constitución Nacional, como es el derecho de huelga. El Gobierno también tiene su parte de razón porque recurre al instrumento jurídico previsto en la Ley Nº 24.635 para generar una instancia de conciliación entre los trabajadores y el empleador en conflicto, el que indica también que mientras negocian, los protestantes deben abandonar la huelga.
En ese esquema, entonces, hay algo que no funciona y que complica las cosas. Hay un antiguo dicho que indicaba que "usted tiene razón, pero marche preso". En este caso las dos partes tienen razón, pero quien marcha "presa" es la población en general.
No sorprende entonces el reclamo de los educadores, no llaman la atención los planteos de los trabajadores del Estado y de la Salud, porque son gremios que han tomado la lucha como bandera, pero sí inquieta que haya otros sectores que hayan anticipado sus reclamos cuando sus paritarias aún no han sido convocadas.
El paro nacional
Hugo Moyano no desaprovechó la oportunidad que le brindó el malestar de la gente para pasarle una nueva factura al Gobierno. Se unió junto con la central obrera que conduce Luis Barrionuevo y con el apoyo implícito de la CTA no oficialista de Pablo Micheli para decretar un paro general de actividades para el 10 de abril. Aducen que realizan la medida de fuerza porque están en contra de la inseguridad, del ajuste y de la inflación, a la vez que reclaman un ajuste de emergencia en los haberes de los jubilados, que el Estado cancele su millonaria deuda con las obras sociales y plantean que se enfrente como con la fuerza necesaria la inseguridad y el narcotráfico.
Será un paro general, sin movilización -temen que si la misma no es multitudinaria se reducirá la repercusión de la huelga- pero anticipan nuevas medidas de fuerza, una de 36 horas y otra de 48 en fechas posteriores. Además, todo lleva a indicar que el paro de actividades puede resultar importante, en razón de que han decidido adherir, además de los camioneros y los gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (choferes de corta, media y larga distancia) y los ferroviarios, a pesar de que este gremio se encuentra adherido a la central obrera que lidera el metalúrgico Antonio Caló y que está más allegada al Gobierno.
Con relación a lo que pueda suceder en Mendoza, la situación es complicada. Porque la CGT regional es liderada por el colectivero Rodolfo Calcagni, que a nivel nacional está alineada con la central obrera que conduce Hugo Moyano, pero el secretario adjunto de la seccional local es el metalúrgico Luis Márquez, que responde a la conducción de Antonio Caló.
Hay gremios importantes, como los trabajadores de estaciones de servicios que van a adherir a la medida, mientras Comercio está alejada de la conducción local y resolverá seguramente como lo determinen sus pares nacionales, en una situación similar a lo que pueda ocurrir con los bancarios. De todos modos, la intención de la dirigencia es convocar a un plenario general, para la semana próxima, a los efectos de acordar las decisiones a adoptar.
El párrafo final para el plano político. El Gobierno intentó politizar la medida. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que el paro es impulsado por "actores sindicales comprometidos con la candidatura del líder del Frente Renovador", por Sergio Massa, mientras el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló por su parte que es un paro político que "se advierte con solo mirar cómo están posicionados los sectores sindicales que lo impulsan".
El ex intendente de Tigre y actual líder del Frente Renovador, Sergio Massa, evitó entrar en la polémica, más aún después del exabrupto de Luis Barrionuevo sobre Néstor Kirchner. Viajó a Nueva York, donde se reunió con José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y con el ex intendente Rudolph Giuliani, como parte de su posicionamiento internacional, con miras a una posible futura candidatura presidencial.
Todo un juego de intereses que resulta difícil de descifrar.
