Por Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
Todos, inclusive quien esto escribe, esperaban que la discusión sobre los temas vitivinícolas de los últimos días pasaran por los anuncios que Cristina Kirchner realizaría durante su visita a Mendoza.
Y si bien ese aspecto fue parte de los debates, fue ampliamente superado por la resolución que surgió desde el INV que no fija una fecha concreta para la liberación de los vinos, sino que decide que se realizará individualmente por bodega, de acuerdo con los pedidos que vayan realizando. La reacción fue inmediata, los sectores y las empresas han enviado una nota -que podría transformarse en carta documento- al INV a los efectos de que modifique la medida, anticipando que, de no ser así, quedarán en libertad de acción para utilizar "herramientas judiciales".
Debe recordarse que, al menos en los últimos años, los vinos fueron liberados el 1 de junio, cuando se encontraban "enológicamente estables" y a punto tal llegaba esa ratificación en el tiempo que, cuando se habla de existencias, se toman "a junio del año posterior". Sin embargo, el miércoles el máximo organismo dio a conocer una resolución, en la que, en su artículo 3 establece que "Aquellos establecimientos elaboradores, que hayan dado finalizado su proceso de elaboración, que no tengan más uvas que ingresar, vinos que descubar, mostos que obtener, y que sus vinos se encuentran enológicamente estables, podrán solicitar al INV la autorización para la liberación al consumo de los vinos productos de la nueva vendimia mediante la transmisión de una nota en carácter de Declaración Jurada, indicando el Cierre Definitivo de Elaboración de sus Registros Oficiales, cuyo modelo propuesto obra como anexo I de la presente".
En el artículo 4 se indica que "El INV en el término de TREINTA (30) días a partir de la recepción de la comunicación del establecimiento que solicita el cierre definitivo de sus registros, realizará los controles señalados en el punto precedente. Vencido dicho plazo y en caso que este Organismo no se haya hecho presente en el establecimiento elaborador, o no se haya expedido respecto del estado de los productos controlados, el inscripto podrá disponer de los productos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo declarar el cambio de estado de producto nuevo a viejo mediante el correspondiente Formulario MV-05", mientras el 5 señala: "Facúltese a la Gerencia de Fiscalización del INV a determinar la libre disponibilidad para su fraccionamiento de los vinos nuevos de cada establecimiento, una vez que los controles pertinentes determinen que los productos elaborados se encuentran enológicamente estables y se encuadran en los parámetros analíticos que fija la reglamentación vigente".
El titular del INV, Guillermo García, se limitó a decir que "la fecha de liberación siempre se fijó por consenso", pero que como este año no lo hay respetará el procedimiento legal que es que los vinos deben estar enológicamente aptos, con controles de cierre de libros y considerando a las bodegas que no tienen vino viejo y necesitan atender a sus mercados. "Este es un año especial porque el problema principal es el precio", dijo.
La reacción no se hizo esperar. Prácticamente todas las entidades, (en el Este dijeron que no fueron invitados) pidieron una reunión con García.
"La relación con el INV está pasando por el peor momento de las últimas dos décadas", dijo uno de los asistentes, quien agregó que "se está generando un esquema de distorsión de los roles del organismo, porque cada vez se politiza más, se mete en temas que no le corresponden y termina chocando con los intereses de la industria". A modo de ejemplo, señalan que el INV impulsa los TIVI, que es una ley provincial, "se entromete" en el acuerdo Mendoza-San Juan, que es un acuerdo interprovincial y "se mete con el desarrollo de los envases impulsando a uno de ellos", entre otras cosas.
Destacaron que en las últimas dos décadas el mecanismo consistía en fijar el grado alcohólico y paralelamente la fecha de liberación, a los efectos de no generar distorsiones, porque el INV se mantenía como un organismo técnico, sin participar en la política vitivinícola. "Vamos a ser sinceros, el objetivo final de la resolución es postergar la fecha de liberación y esa postergación es un hecho económico", destacó la fuente, destacando que, "hasta (García) tenía un doble discurso, porque mientras a nosotros nos decía que no habría cambios en las fechas, en San Juan decía que las postergaría. Adoptó un compromiso político y ahora estamos entre dos fuegos, con consecuencias económicas que pueden ser serias para algunas empresas", expresó.
Después de la reunión, el viernes las entidades enviaron una nota al instituto manifestando su posición de rechazo a la nueva resolución, instándolo a que libere los vinos "el lunes" (por hoy) y, de no obtener respuestas favorables, se manifiestan en libertad de acción "para utilizar los mecanismos judiciales", que se iniciarían con el envío, a través de las entidades y de las empresas, cartas documento al organismo nacional.
Los anuncios de Cristina
Nadie conoce a la perfección en qué consisten los anuncios que formuló Cristina Fernández en su visita a la provincia. Se sabe, porque así lo señaló un spot colocado durante el discurso, que se destinarán 350 millones de pesos para intentar mejorar el precio del vino. "En teoría es la misma disposición que la del 15 de enero", dijo un representante sectorial, quien recordó que "en aquella oportunidad no funcionó por dos situaciones: en primer lugar, porque una parte iba dirigida a compra de vinos, donde el productor de menos de 30 hectáreas podía ir con el vino a la destilaría y este tenía que pagarle, lo que significaba una situación muy engorrosa que no sedujo a los vendedores".
El resto consistía en un apoyo (no se puede hablar de subsidio) a la exportación. "Pero ninguna empresa se arriesga a comprometerse por muchos millones de litros, si no tiene en claro que el margen existe y que el dinero va a estar. Para eso tiene que haber un fideicomiso, que le asegure que, cuando él exporta, el dinero va a estar".
Ante esa situación, las entidades reunieron a los exportadores más importantes a granel y analizaron la situación, a los efectos de establecer "un paquete" para enviarlo al Ministerio de Economía de la Nación.
"Esencialmente dice que quien quiera exportar, existiendo un fideicomiso con la plata, compra al productor, a un precio mínimo, para que no haya dudas, que puede ser de 2.20 en los blancos y 3 pesos los tintos y el fideicomiso da el 20 por ciento del subsidio.
El exportador bloquea ese vino, sacándolo del mercado interno y cuando concreta la exportación recibe la diferencia. Esto provoca que el vino salga inmediatamente del mercado. Pero hay que entender que sólo pueden exportar empresas que entiendan del tema y que sean profesionales en ese sentido", dijo la fuente. Los próximos días dirán si ese planteo es escuchado a nivel nacional.
