Haciéndose eco de pedidos de los docentes por mayor resguardo frente a agresiones, ayer la directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, presentó ante la cámara de Diputados un proyecto anunciado hace algunas semanas. Apunta a devolver a los maestros parte de sus derechos, que han quedado desdibujados en el marco de un contexto social en el que cada vez hay más casos de violencia escolar que los involucra.
Se trata concretamente de una modificación al Código de Faltas de la provincia, para tipificar como tales las agresiones físicas y verbales a docentes, no docentes y directivos, sumándose estos cargos a los ya establecidos para los funcionarios de los otros poderes del Estado. El artículo 43 -donde se hará el "agregado"- estipula penas de hasta 30 días de arresto o 3 mil pesos de multa para los agresores.
Asimismo, se propone modificar el artículo 125 de la misma norma que hace referencia a la omisión del deber de vigilancia activa de los padres. Se pretende así sancionar con las mismas penas a aquellos que de manera reiterada e injustificada retiren a los niños del establecimiento escolar por fuera del horario de salida.
"La razón de este proyecto de ley es potenciar el rol del docente, proteger los derechos del docente y poner límites a aquella minoría de padres que no tiene control sobre lo que es un mecanismo de convivencia pacífico dentro de una escuela", dijo Vollmer. Y agregó que "como es de público conocimiento, en estos últimos meses se ha ido dando una frecuencia mayor de acciones de agresión de padres contra docentes. Entonces nos ha parecido interesante revisar las normas vigentes e implementarlas", dado que -aseguró- "la agresión daña física y psicológicamente".
Vollmer destacó que estos padres son la minoría pero que es necesario contar con esta herramienta ante aquellos que "tienen una clara conducta de descontrol, de culpabilizar al docente, para que signifique una clara puesta de límites". También señaló que este tipo de situaciones, además de falta de respeto e incumplimiento de responsabilidades en la tutela, perjudican los vínculos con la escuela.
"El chico no puede quedar solo y un personal de la escuela tiene que quedar a cargo de la custodia, es responsabilidad de ésta tutelarlo mientras está dentro de su ámbito, una hora o dos como hemos hablado, se está cometiendo una falta de respeto muy grave hacia un docente cuyo tiempo (de trabajo) está definido por las normas legales", manifestó, aunque luego aclaró que la mayoría de los padres retiran a sus hijos a tiempo.
El caso que generó todo
El último hecho de violencia escolar de gran trascendencia pública ocurrió en mayo, cuando una madre agredió física y verbalmente a una maestra en la escuela Origone de Las Heras. Respecto del caso, Vollmer señaló que la docente quedó muy afectada no sólo por los golpes sino fundamentalmente en lo psicológico.
A raíz de este hecho, el 3 de junio los maestros reclamaron en pleno Kilómetro Cero la sanción de una ley de protección para la actividad docente frente a los casos de agresión escolar que, aseguran, están en ascenso los últimos años. "Estamos acá para manifestar la impotencia y repudiar los ataques que sufrimos diariamente, lo que pasó en nuestra escuela no es un hecho aislado. Por eso pedimos una ley de protección frente a la violencia", destacó en la oportunidad Marta Gil, directora de la institución.
Para Vollmer, nunca como hoy ha sido tan necesaria la presencia de la familia acompañando, articulando, apoyando lo que se hace en el colegio: "Que los padres se hagan cargo de la parte que corresponde a la educación de sus hijos para que la escuela pueda hacerse cargo de la función formativa y educativa que tiene".
Ayer se anunció además que, ante un incidente, un funcionario de la Dirección General de Escuelas acudirá para asistir en la comprensión de los hechos a los directivos e implicados. En caso de que se trate de un caso grave, será necesaria la denuncia del afectado para que la Justicia pueda actuar haciendo cumplir la norma (que aún debe ser aprobada), instancia en la cual la DGE también promete acompañamiento.
El proyecto fue presentado en Diputados e ingresó a través de la Comisión de Educación. Su vicepresidenta, la diputada Lorena Saponara, estuvo presente y señaló que hay acuerdo para tratarlo lo antes posible, lo cual sería el martes.
Explicó que se contemplarán también otros proyectos similares presentados con anterioridad. El presidente de la Cámara Baja, Jorge Tanús, también mostró intención de proceder con celeridad en cuanto llegue el dictamen. Al respecto, Vollmer destacó la importancia de que esto ocurra para que no pierda el efecto reparador que se requiere para que los docentes se sientan protegidos.
