El presidente Macri ha definido claramente que quiere un país que genere trabajo genuino y en blanco para, de esa forma, reducir la pobreza en que encontró sumidos al 30% de nuestros conciudadanos.
En el marco de ese objetivo, una de las iniciativas de mayor importancia fue el envío al Congreso de la modificación de la ley de Riesgos del Trabajo.
El propósito de la misma es reducir la enorme litigiosidad laboral en el país y, de esa manera, bajar sustancialmente las crecientes alícuotas que por ART, a través del 931, pagan comerciantes y empresarios, especialmente las pymes.
Esta ley contó con el apoyo expreso de la CGT y del bloque justicialista en el Senado de la Nación. En febrero, la Cámara de Diputados la sancionó con el número 27.348. La misma requería, para su plena operatividad, de la adhesión de cada provincia.
Afortunadamente Mendoza adhirió a la misma, en la primera sesión de noviembre, sancionando la ley provincial 9.017, siendo la tercera provincia en hacerlo, después de Córdoba y CABA.
Cuando el sistema comenzó, hace 20 años, las alícuotas eran de 1,5% de la masa salarial; ahora la mayoría están rondando 10%, llegando en no pocos casos a superar 20%. Las altas alícuotas encarecen el empleo en blanco y estimulan la informalidad laboral.
Estos aumentos se debieron a que una parte de la alícuota es variable y depende del riesgo de cada actividad y fundamentalmente de los juicios por accidentes y enfermedades laborales que haya.
El tema es que el riesgo ha ido bajando desde el comienzo del sistema, hace veinte años hasta hoy. Las cifras de accidentes, sean con lesiones o mortales han caído drásticamente por la mayor conciencia puesta en la prevención.
Paradójicamente, sobre todo desde 2004 hasta ahora, las cifras de juicios por accidentes de trabajo, han ido aumentando exponencialmente.
Sí, leyó bien. Bajan los accidentes, pero sube año a año la cantidad de juicios por accidentes.
La nueva ley es muy simple: busca que ante un accidente laboral, éste se pueda resolver rápidamente para el trabajador en la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Será obligatorio este paso previo. Allí, los profesionales determinarán el grado de incapacidad en un máximo de 60 días y, si el trabajador está satisfecho, se homologará el acuerdo y se le depositará el dinero de la indemnización en su cuenta personal en 5 días.
Si no está de acuerdo, el trabajador podrá hacer juicio ante las Cámaras laborales. Hasta hoy, 70% de los casos directamente iban a juicio, sin intentar la instancia administrativa previa.
Esto iba a contramano de lo que sucede en los países desarrollados, inclusive en nuestros hermanos de América Latina que no tienen esta problemática, pues resuelven la enorme mayoría de los casos en sede administrativa.
El abogado cobrará sus honorarios, pero estos serán pagados por las ART y no podrán tocarse los fondos correspondientes al trabajador, porque se prohíben los pactos de cuota litis entre los trabajadores y sus abogados. El dinero de indemnización se depositará directamente al trabajador en su cuenta sueldo.
El otro cambio importante es que, a partir de la aprobación de la ley, los peritos médicos que intervengan en los juicios no van a cobrar sus honorarios en función del monto de la sentencia. Hasta ahora, médicos, contadores y demás peritos cobraban un porcentaje del monto de la sentencia, con lo cual, el sistema los convertía en virtuales socios en el resultado del juicio.
Esta ley viene a corregir eso. Los médicos cobrarán por su trabajo un monto fijo, que no dependa del resultado del juicio. La pericia médica en estos juicios es fundamental, porque el monto indemnizatorio depende del porcentaje de incapacidad que determine el médico.
Estas distorsiones del sistema han hecho que aumente todos los años la cantidad de juicios. En Mendoza, la situación es calamitosa. Entre 2010 y 2016, se iniciaron en la provincia 42.934 juicios por accidentes y enfermedades laborales.
En el mismo período en San Juan, que tiene un tercio de nuestra población, se iniciaron 1.957 juicios, es decir 22 veces menos, a pesar de que la minería es una actividad con un riesgo más alto.
El monto pagado en Mendoza por estos juicios en este período fue de 147,8 millones de dólares, contra 6,2 millones de dólares en San Juan. En términos per cápita, Mendoza es la número 1 del país en litigiosidad laboral.
Para facilitar a los trabajadores el acceso a la Comisión Médica, en los próximos meses descentralizaremos la misma, acercándola a las distintas regiones de la provincia. Hasta ahora, desde el Este, el Sur y el Valle de Uco debían venir a la Comisión Médica de la ciudad de Mendoza.
Confío plenamente en que esta ley ayudará, junto a otras medidas, a derretir la enorme bola de nieve que venía aplastando a la producción y al empleo en nuestro país y especialmente en nuestra querida Mendoza.
