El diario Los Andes del 06/11/2007 en su Editorial hablaba de los "Concursos en la administración pública", diciendo que "... será una forma -de concretarse- de que a la administración pública ingresen los más capaces y se termine definitivamente con aquella decisión de los funcionarios de tomar al Estado como una agencia de colocaciones para familiares, amigos y punteros políticos". Terminaba diciendo de lo importante que esta medida se tomara también en las municipalidades.
Todo esto fue resaltado también en una nota mía en este mismo diario Los Andes del 14/11/2007. Eran los inicios de la gestión Jaque y se prometía transparencia y legalidad.
La realidad fue diametralmente opuesta y hoy se denuncia que la planta de empleo público estatal mendocino se ha triplicado en las gestiones Cobos-Jaque-Pérez (del 13,6% al 38,8 % del PBG) según relata el mismo diario Los Andes del 10/01/2016.
Claramente esto tiene que ver con la destrucción del sistema productivo que ha llevado a que el empleo estatal sea el salvavidas de todos aquellos que no consiguen un trabajo estable.
Ahora se repite la historia al comienzo de la gestión Cornejo y nuevamente se promete transparencia y legalidad en materia de empleo público.
¿Acaso los nuevos gobernantes estaban distraídos mientras esto ocurría durante estos 12 años?
Casi todos, salvo muy escasas excepciones, fueron funcionarios públicos durante estos tiempos.
¿Por qué no lo denunciaron con anterioridad? ¿Por qué no cumplieron, lo que ahora prometen, en sus anteriores cargos? Porque salvo en el Poder Judicial y en la docencia, los concursos para acceder a un cargo no existieron.
Se jura hoy que se avanzará en la realización de concursos para ingresos y ascensos en la administración estatal, pero resulta que todo esto ya está previsto en las leyes provinciales y nacionales desde hace décadas y no se cumple ni se cumplió, por los que han ocupado cargos durante todo estas décadas y han actuado en el marco de la ilegalidad, aunque ahora se hagan los inocentes y prometan otras cosas. O bien han convertido en habituales los casos de excepcionalidad que prevén las leyes, como es el caso de las plantas transitorias o los contratos de locación.
¿También van a hacer responsables a los funcionarios que desde los cargos ejecutivos o desde los cargos de contralor (empezando por la Legislatura y los Concejos Deliberantes) por el actuar en la ilegalidad, o bien porque “se hicieron los distraídos” para actuar en complicidad con los que realizaban las designaciones, o se repetirá aquello de que “entre bueyes no hay cornadas”?
Paralelamente se habla “con sorpresa” de la necesidad de la “expulsión de los ñoquis”, argumentándose que se dará de baja a los agentes estatales y se revisará cada caso en particular. Bueno, esto es lo más parecido a una “caza de brujas” a la que se oponen los fallos judiciales.
Es cierto que hay gente que cobra y no trabaja, pero no todos los agentes estatales están en esa situación.
Se ha dicho en sentencias que “… la estabilidad tutela a todos los trabajadores públicos y privados a la vez que evita que, en cada recambio gubernamental, se sustituya a los empleados ya instalados por quienes tienen más cercanías con los nuevos gobernantes… ” (Suprema Corte de Justicia e Mendoza). Y éste fue justamente el espíritu por el cual en 1957 se agregó en el art. 14 bis a la Constitución Nacional la estabilidad en el empleo público por los abusos ocurridos ante cada cambio de gobierno.
En el caso de los “malditos ñoquis” la solución es simple. Basta con instrumentar un sumario administrativo para cada caso, comprobarse las faltas injustificadas y darlos de baja luego de otorgarles su derecho de defensa. Hasta se tendría el “beneficio” de quedar con una sanción “extra” de inhabilitación para ocupar cargos en el futuro. Pero no debe actuarse a la inversa como se propone, dándose primero la baja para luego analizar caso por caso.
Actuar del modo en que se promete, significa poner en peligro el patrimonio estatal y exponerse a que una inmensa cantidad de reclamos caigan contra los Estados nacional, provincial y municipal porque también la Constitución Argentina prevé la “… protección contra despido arbitrario… ” sin distinguirse entre empleo público o privado, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al hacer lugar al derecho a la indemnización para agentes estatales dados de baja sin causa justificada desde el caso Madorrán de 2007.
Lo mismo ocurrirá cuando se dicten los actos administrativos que revoquen actos anteriores si no se logra antes, en sede judicial, que se declare la ilegalidad del acto que se deja sin efecto. Vendrán cataratas de reclamos y de condenas al Estado.
Suponiendo que esta vez se llevara a la práctica estas buenas intenciones de actuar dentro de la legalidad, en nada se avanzará si no se modifican las leyes, imponiendo una responsabilidad extra para los funcionarios (actuales y futuros) que nuevamente se desvíen de la disposición constitucional que pregona que el único requisito para ocupar un cargo público es la idoneidad, lo que claramente se demuestra a través de concursos y que el principio es la estabilidad en el empleo público mientras la precariedad es la excepción.
De no ser así, nuevamente estaremos expuestos a los excesos y se reiterará el ciclo sin fin con gastos que seguramente serán mayores que lo que se pretende ahorrar.... Eso sí, lo pagará otra gestión.
