Desde la organización civil Protectora, defensora de los derechos de los consumidores, señalan que “no se está dando la información suficiente a los consumidores y nadie sabe los precios tope”.
El abogado de la institución, Mario Vadillo explicó que presentaron una acción de amparo (Fiscalía 2) para obligar al órgano emisor del decreto de control de topes en los combustibles, la Comisión Nacional de Energía, para que diera a conocer los precios de entrega de las petroleras y que todas aquellas empresas que se nieguen que sean sancionadas por cometer infracción.
“Hace dos meses que presentamos este (recurso de) amparo”, dice Vadillo y “hemos pedido una interpretación del decreto por la vía judicial para transparentar el mercado”, concluye.
