El Gobernador volvió a instalar el debate sobre la minería en Mendoza en su discurso ante unos 600 empresarios al celebrarse el Día de la Industria. Admitió Francisco Pérez en esa reunión las consecuencias del actual enfriamiento de la economía y cómo esta situación, que va de la mano de una importante merma del consumo, repercute en los sectores productivos en mayor o menor medida.
En esa alocución, el titular del Ejecutivo provincial parecía reconocer que el terreno que debe conducir a una nueva discusión del tema minero no será, nuevamente, muy fácil de recorrer. “En esta provincia, llevar adelante algunos debates y algunas ideas, se complica”, sostenía Pérez ante los atentos empresarios mendocinos.
Es un cambio de rumbo notorio del gobierno de Mendoza luego de varios años de silencio en el asunto minero por propia disposición de quien hoy está a cargo de la provincia. En agosto de 2011, en plena campaña hacia la Gobernación, Pérez obligaba a los legisladores del oficialismo a frenar el proyecto San Jorge, que en ese momento era el centro de la discordia con los sectores ambientalistas. Contaba, también, con una amplia adhesión de la sociedad mendocina.
Ahora el mismo proyecto parece constituir el punto de partida para reflotar el debate. El anticipo lo había dado hace varias semanas el diputado nacional Alejandro Abraham, quien, siendo aún presidente del PJ, abrió las puertas del partido oficialista a los empresarios mineros para que expusieran sus inquietudes. Fue una elegante manera de romper el hielo con un sector empresarial muy enojado con el gobierno mendocino y que tiene pendiente de resolución en la Suprema Corte local el planteo de inconstitucionalidad de la exigente ley minera 7.722.
Abraham, que en ese momento parecía anotarse en la carrera hacia la Gobernación con su idea de desarchivar el debate por la minería, decía a viva voz que quien se quisiera anotar para competir por la sucesión de Francisco Pérez, tanto en el PJ como en la oposición, debía aceptar debatir temas de mucha monta, incluida la minería. Con la blanqueada decisión de volver a discutir sobre esta industria, Pérez y su gobierno parecen haber aceptado ese desafío.
Cuando los números mandan. Uno de los motivos por los que gran parte del poder político cree orientarse en el sentido correcto con la minería es el evidente cambio del humor social sobre dicha actividad.
El Gobierno ha venido manejando encuestas que marcan que en un año una gran parte de la población comenzó a considerar que la minería puede aportar recursos necesarios para levantar económicamente a la provincia. La medición exclusiva de Reale-Dalla Torre para Los Andes (ver página 4) confirma que más del 63 por ciento de los consultados aprueban que haya explotación minera en Mendoza, siempre con garantía de control ambiental.
La curiosidad pasa por saber qué hizo cambiar tan rápidamente la postura a la gente. Justamente la actual crisis económica nacional y provincial lleva a muchos sectores de la sociedad a ver en la minería el contrapeso a los continuos vaivenes de una economía inflacionaria y en recesión. Los índices de desempleo crecientes y la incursión de importantes empresas en situación de crisis son más que suficientes como luz de alerta y preocupación. Por eso muchos cambiaron su punto de vista y así los que antes priorizaban un desarrollo económico sustentable ahora se aferran a cualquier posibilidad de generación de trabajo.
En aquella exposición realizada en la sede del PJ a fines de julio, los representantes del sector minero mendocino expusieron las dificultades que atraviesan sus emprendimientos y empresas de servicios por el parate de la actividad, pero a la vez aportaron cifras alentadoras en cuanto a generación de empleo si la tarea es reactivada plenamente.
Según la Cámara de Empresarios Mineros, sin actividad minera en diez años Mendoza pierde 130 mil puestos de trabajo en construcción y 39 mil en la operación, y sólo en cinco años la generación de 213 millones de dólares anuales en ingresos provinciales con 7 minas en plena producción.
Está claro, entonces, que ante el actual contexto económico la política visualice en la minería una tabla de salvación.
Habrá aún muchos obstáculos. Más allá de los aspectos coyunturales que pueden llevar a ver la minería con más cariño que antes, la discusión política que necesariamente se tendrá que reactivar en la provincia no será de fácil consenso. Esto, sin incluir la segura resistencia que reanimarán organizaciones ambientalistas.
En general, hay una mayor predisposición de los principales partidos para no cerrarle la puerta al debate. Pero también consideran en la oposición que, como el kirchnerismo a nivel nacional, aquí el peronismo de Francisco Pérez orienta sus políticas según los vientos de la realidad.
Es por eso que tanto en el PD como en la UCR no se juega a ciegas. En la conducción demócrata reconocen que es interesante que Pérez retome la iniciativa pero también consideran que se perdió mucho tiempo por meras especulaciones políticas, como las que llevaron al entonces candidato a la Gobernación a frenar el proyecto San Jorge. Estiman “muy importante” retomar políticas a favor de la minería, pero opinan que se trata de una actitud a destiempo, “como también fue buena pero tardía la reacción del gobierno de Pérez en cuanto a la posición federal de Mendoza con respecto al petróleo”.
A su vez, en el radicalismo sostienen que ningún partido, incluyendo al PJ, tiene una postura unificada con respecto a la política minera. Argumentan en tal sentido que hay una marcada regionalización de posturas. De todos modos, aseguran desde la conducción que en breve se dará el debate interno necesario para llegar a una decisión consensuada luego de sentar en una misma mesa a dirigentes con posiciones muy diferentes.
A priori, las exigencias de la UCR, según su conducción, pasan por el fortalecimiento de las actividades agroindustriales en los departamentos, para que no siga la migración hacia los centros urbanos; crear organismos de control por parte del Estado que sean confiables y generar un debate sobre producción minera serio, para un largo plazo, no marcado por necesidades circunstanciales o coyunturales.
Sin duda, el gobierno de Pérez tiene la palabra y debe generar confianza en la dirigencia política si pretende obtener respaldo para reabrir el debate.
Que no haya proyectos mineros en discusión legislativa y que existan otros que se encuentran archivados es porque así lo pidió el oficialismo en su momento, cuando el clima electoral no recomendaba insistir.
Las políticas serias sólo se nutren de decisiones serias.
