Después de 25 años sin minería metalífera en Mendoza, un proyecto este año obtuvo el aval legislativo y consenso social necesario. La empresa Alto Américas podrá explorar el yacimiento Hierro Indio (Malargüe). Dicho emprendimiento no se contrapone con la ley 7.722 (que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico en la minería), y obtuvo luz verde, pero otros 19 esperan por un debate que se dará a partir de la asunción del nuevo gobierno, discusión que tiene como objetivo impulsar una actividad económica que movería recursos valuados en U$S 349.834 millones.
La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) busca potenciar la actividad y para ello realizó un estudio en el que se midieron los recursos que la provincia guarda bajo el suelo, pero también el empleo que entienden se generaría: alrededor de 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de los seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios).
Si bien la minería podría tener un fuerte impacto económico y social para Mendoza, también implica un desafío mayor por los controles ambientales que se requerirán si se habilita una modificación a la ley 7.722 para el uso de "soluciones químicas controladas".
Mineral contenido e inversión
La Camem tiene en carpeta alrededor de 20 proyectos que, de concretarse, todos permitirían la explotación de uranio, oro, cobre, plata y plomo, equivalentes, en valor bruto, a las reservas de petróleo de Argentina (4.000 Mb), y a más de 10 veces las reservas petroleras de Mendoza (320 Mb).
Según datos de la cámara y a partir de un programa a mediano plazo que desarrollaron, después de cinco años se podrían obtener recursos por U$S 1.215 millones, sólo con las extracciones de Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre).
Con una proyección a 10 años se sumarían U$S 5.237 millones (U$S 6.452 millones) con la incorporación de ocho minas más: Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).
Estos emplazamientos permitirían la creación de 129.800 empleos en la fase de construcción, y 39.240 durante la etapa de explotación (entre mano de obra directa e indirecta), según estimaciones realizadas por la cámara del sector.
En cuanto a la actividad económica, si se considera una producción anual a partir del quinto año se podrían superar los U$S 1.200 millones. Esto incluye una estimación de bienes y servicios a consumir anuales por más de U$S 450 millones y un "compre local" de U$S 342 millones. La misma actividad implicaría una carga tributaria directa anual de U$S 632 millones.
Interés empresario
Laureano Manso coordina la Mesa Minera del Clúster Energético Mendoza (perteneciente a la Unión Industrial de Mendoza, UIM), organización que ha convocado a las autoridades de la provincia, referentes de la oposición y profesionales en el tema a aportar su experiencia para una posible modificación de la ley 7.722, acción que consideran como un "paso necesario a dar" para lograr que se desarrolle la minería y que mediante "fideicomisos con fondos específicos", es decir que "la renta que produzca esta actividad vaya a parar a obras de infraestructura y no renta general", se genere un fortalecimiento económico de la provincia.
De esta forma esperan que la minería sume caminos, obras hidroeléctricas e incluso que mejore otras actividades, como la agricultura gracias a la financiación de sistemas de riego más eficientes.
"Estamos promoviendo la actividad y para eso hicimos un trabajo que vincula al sector público con el privado y propone una participación activa", sostiene Laureano Manso.
"Queremos que los proyectos no pasen por la Legislatura para que se avale un dictamen técnico y en lugar de eso encuentre trabas políticas. Hemos alcanzado un consenso en cuanto a que no hay que hacer referencia a las sustancias químicas prohibidas, sino a las soluciones permitidas y al grado de toxicidad, usando estándares del mundo civilizado, como Canadá o Australia", indicó Manso.
El coordinador de la mesa de UIM señaló que la minería es capaz de generar trabajo para las pymes de la zona y el Estado deberá asegurar que el “compre local”, o la participación de las firmas mendocinas sea garantizada, mientras que las industrias se están preparando para “prestar servicio a una actividad demandante”.
Julio Totero, vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asinmet) aseguró que "si se pusieran en marcha cuatro o cinco proyectos como podrían ser Paramillos, San Jorge, Cierra Pintada, Cerro Amarillo y Hierro Indio, se podrían generar 3.000 puestos de trabajo en forma directa para el sector, es decir un incremento del 25%, pensando en los 13.000 trabajadores con que hoy cuentan.
“Yo creo que hay legitimidad social. Quedan grupos que han hecho que esta ley sea una plataforma política y hay fundamentalismos extremos que impiden que se avance en una modificación. Nadie se hace cargo de las cosas que no se hacen. Nadie va a responder por los gobiernos anteriores que no fueron capaces de desarrollar una industria”, cerró Totero.
Una experiencia cercana
La economista y ex subsecretaria de la Oficina de Desarrollo Minero Sustentable de San Juan, Laura Rópolo, explicó el modelo que se llevó adelante en la provincia vecina. El mismo se basó en "fomentar la inversión minera como factor de desarrollo y acompañar al proveedor local para que tuviera el lugar que el libre juego de la demanda privada no le daba en un principio, porque entendíamos que potencialmente el local podía ser un prestador minero".
“Nosotros cobrábamos como Estado una regalía minera y exigimos a cada proyecto un fideicomiso con afectación específica a obras para el desarrollo. Eso cambió San Juan.
En 15 años logramos duplicar el PBG, pasamos a tener más diques, más energía eléctrica y la posibilidad de desarrollar energías renovables, por fondos y conocimiento", explicó Rópolo.
De acuerdo con la profesional, la teoría del derrame por la que con la llegada de inversiones bastaría para que una comunidad crezca es “pan para hoy y hambre para mañana”, por lo que se necesita acompañar la actividad con “advocaciones productivas, como agro y turismo con estándares mundiales”, por eso la exigencia de creación de fideicomisos es fundamental para que no haya “pueblos fantasmas”.
En la última década San Juan mantuvo una tasa de crecimiento de más de dos dígitos, superior a la tasa del país y para ello Rópolo aseguró que fue necesario trabajar articuladamente para que "la oportunidad no sea una amenaza".
"Si uno mira la ecuación económica de una empresa minera del estilo de San Juan no se lleva más del 15% en términos de rentabilidad. Pero queda en el país un 70% del dinero circulante, en compras nacionales, y el 90% del empleo se da en forma local. La minería es la única actividad que en el corto plazo permite movilidad social porque un obrero minero gana más que un político de rango", agregó.
Desde su cargo en la Oficina de Desarrollo Minero, la funcionaria se enfrentó a la amenaza de contaminación que tienen los procesos de metalurgia "si no se hace bien", pero aseguró que alcanzaron estándares de control de nivel internacional, posibles porque los circuitos en minería son cerrados y se pueden protocolizar. "Es posible una minería sustentable trabajando en la salud de la gobernanza, logrando que empresas, Estado y sociedad tengan un desarrollo endógeno", apuntó Rópolo.
Una tercera vía para abordar la reforma de la Ley 7.722
La minería es un tema sensible en Mendoza y en un año electoral intenso fue imposible que se discutieran dos proyectos de reforma de la ley 7.722 que actualmente duermen en el Senado. Ahora, con una nueva conformación de las Cámaras, se debatiría una iniciativa enviada por el gobernador electo Rodolfo Suárez. Entre los puntos principales del borrador se destaca la utilización de las sustancias químicas que actualmente están prohibidas (excluyendo al mercurio), se propone una supervisión de diferentes organismos (municipios, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales e Irrigación, entre otros), y se destaca el consenso social para que los proyectos prosperen.
"La minería metalífera necesita usar sustancias para el proceso de lixiviación, las mismas que se usan en otras industrias que están habilitadas. Lo que está circulando como borrador está fijando no hablar de sustancias específicas sino de los niveles de toxicidad de las sustancias. Hay escalas internacionales y dicen si los niveles son bajos, medios o altos según su dilución", señaló Humberto Mingorance, titular de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, en una entrevista a Los Andes.
