La reforma de la Ley provincial 7.722, que regula el uso de sustancias químicas para minería en Mendoza, comenzó ayer con su debate en comisiones. Alí legisladores de ambas Cámaras de todos los partidos, además de funcionarios provinciales, dijeron lo suyo con respecto a la actividad. Sin embargo, lo interesante ocurrió por fuera de esa reunión: el pedido del PJ de que cada proyecto tenga el aval institucional de la municipalidad en la que se asiente.
La jornada arrancó con una avanzada del PJ en la Casa de las Leyes. Anabel Fernández Sagasti brindó una conferencia de prensa, marcando posición por el Partido Justicialista (PJ) sobre el proyecto presentado y ofreciendo cambios que el oficialismo debería incluir en el texto para que los legisladores del PJ aprueben el proyecto impulsado por Rodolfo Suárez. Allí se sugirió la responsabilidad que deberían tener las comunas.
La propuesta de la oposición, expresada en su sitio web oficial, solicita tener en cuenta, como criterio fundamental, "la zonificación de la provincia tomando como criterio fundamental la existencia de licencia social para la actividad minera metalífera y acotamiento de la excepción al régimen de la ley 7.722 a las zonas que defina por ley el Estado provincial".
En esa línea, el PJ considera que sólo el departamento de Malargüe cuenta con este aval, expresado por órganos municipales e instituciones representativas de la sociedad civil de la comuna del sur.
Por lo tanto, para apoyar la iniciativa que lleva adelante el Gobierno provincial, el peronismo se planta que el municipio donde se llevará adelante un proyecto, sea quien deba dar el visto bueno. De esa manera ningún proyecto de prospección, exploración o explotación minera avanzará en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental si no acompaña el aval institucional por parte del municipio en donde se encuentra habilitada la excepción.
En el Gobierno hay voces que sostienen que los municipios no tienen jurisdicción sobre recursos que son provinciales. Sin embargo, si el oficialismo acepta ceder en este aspecto, ya no se aprobará más en la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y el debate caliente por la minería se trasladaría a los Concejos Deliberantes de los municipios.
De acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, en zonas de cinco departamentos podría desarrollarse la actividad: Malargüe, San Rafael, Luján, San Carlos y Las Heras.
En Malargüe ese debate está salvado, puesto que la amplia mayoría de la población quiere que haya minería; la pregunta es qué pasará, por ejemplo, con el proyecto San Jorge, que se ubica en Las Heras, donde el aval social no es tan categóricamente a favor.
Otros pedidos del PJ
Entre los requerimientos que el peronismo considera claves para la aprobación de los proyectos, se encuentra también la concreción del Balance Hídrico por parte del Departamento General de Irrigación de la cuenca donde se radique el proyecto; la contratación de bienes y servicios de las mineras en Mendoza (compre local), la creación de la policía ambiental, implementación de controles ciudadanos y legislativos (bicameral) y la afectación de las regalías en obras hídricas (un pedido que ya está en el proyecto remitido por Suárez).
"El oficialismo tiene los números para avanzar en soledad", dijo Anabel Fernández Sagasti. Es decir, que si el Gobierno quiere reformar la ley, puede hacerlo desde los números, pero tiene la intención de repartir responsabilidades.
Suárez pidió apoyo a Fernández
El gobernador, Rodolfo Suárez, se reunió en la mañana de ayer con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Uno de los temas sobre los que se habló, fue la actividad minera.
El Gobernador le manifestó que en Mendoza se está trabajando de forma conjunta con el Partido Justicialista, sobre todo en lo que tiene que ver con cambiar la matriz productiva. Destacó que el mandatario nacional "apoya absolutamente estas acciones que estamos tomando".
Más allá del pedido al Presidente, en diálogo con radio Mitre Mendoza, Suárez celebró los aportes del Partido Justicialista expresados por la senadora Anabel Fernández Sagasti y reconoció que "Anabel ha demostrado que lo que ha dicho en campaña lo está cumpliendo más allá del resultado. Eso es poco frecuente en la política por eso la felicito y a todo el espacio al que pertenece. Me parecen muy buenos los aportes, en cuanto a la creación de una empresa de minería, los controles, el cuidado del medioambiente y la participación".
Claves
Aval vinculante de los municipios. Para el PJ esta medida es la demostración de que hay licencia social para el desarrollo de la minería.
Apropiación de la renta. Proponen que Emesa sea socia de los proyectos mineros y que haya "compre local" para bienes y servicios que requieran las empresas.
Balance hídrico. El cálculo del agua disponible en cada cuenca es una deuda de todas las administraciones de irrigación. La pide ahora el PJ.
