La Legislatura provincial logró en un solo día dar sanción en ambas cámaras a la modificación de la ley minera, 7.722, flexibilizando los alcances de la misma al permitir el uso de sustancias químicas, hasta ahora prohibidas.
De esta manera, el gobierno provincial obtiene un fuerte espaldarazo en su búsqueda de mecanismos tendientes a diversificar la matriz productiva de la economía provincial y propiciar la generación de empleo al alentar, para ello, el ingreso de inversiones privadas.
Pese a disidencias puntuales en los dos sectores políticos mayoritarios, es de destacar que la aprobación de la reforma minera se logró con amplia mayoría de votos del oficialismo y de su principal oposición, el justicialismo.
Durante la campaña electoral de este año, tanto el hoy gobernador Suárez como su competidora Fernández Sagasti expresaron públicamente su apoyo a la minería en la provincia.
Cabe destacar que para la viabilización de la actividad minera se permitirá a partir de ahora el uso de cianuro y ácido sulfúrico y sólo quedará prohibido el mercurio.
En cuanto a las regalías de esta actividad, se dispuso que las mismas sean destinadas, entre otras derivaciones, especialmente a obras hídricas, siempre necesarias para sostener las labores vitivinícolas y del agro en general, pilares históricos del crecimiento económico que llevó a Mendoza a ubicarse entre las principales provincias de la Argentina. Varios de estos sectores productivos miran con preocupación el avance minero justamente en virtud de la utilización del agua, cada vez más escasa por la situación de crisis hídrica prácticamente crónica en la que hemos quedado inmersos los mendocinos.
Resulta obvio que una de las mayores preocupaciones de los grupos sociales, que se oponen a la viabilización de la actividad minera metalífera, pasa por la eficiencia de los organismos o estructuras que deberán estar a cargo del control de la minería a partir de ahora, de modo que no se produzca ninguna acción contaminante del agua y el medio ambiente en general.
A partir de la reactivación minera que se espera mediante la lograda reforma de la ley 7.722, el Estado será claramente el responsable de que dicha tarea sea confiable para la población. Hasta se podría arriesgar que gran parte del consenso social que se requiere para apuntalar esta actividad productiva depende de cómo se instrumenten los mecanismos que garanticen la calidad del recurso hídrico.
La legislación reformulada establece que el contralor dependerá de la Policía Ambiental, un ente que fue creado cuando se sancionó la ley 7.722 y que nunca llegó a tener una implementación acorde con las necesidades, según las voces críticas hacia el nuevo avance de la minería metalífera.
Por otra parte, es importante que se haya dispuesto que Irrigación sea la repartición que se encargue del tutelaje específico de la utilización del agua en los emprendimientos mineros que vayan surgiendo en todas las etapas de su evolución. Incluso, desde uno de los sectores del oficialismo parlamentario se planteó en la semana la propuesta de creación de una agencia ambiental independiente del Poder Ejecutivo y con autarquía financiera para sumar a los controles de las actividades próximas a reformularse.
Mendoza tiene una gran oportunidad de alentar inversiones productivas que permitan dar trabajo y hacer crecer su economía, pero la sensibilidad de un buen sector de la sociedad hacia las labores mineras que se proponen obliga a una eficiencia indudable en el control de las actividades por parte del Estado.
La ineficiencia o la negligencia pueden hacer abortar posibilidades de crecimiento legítimamente sustentadas.
