Mientras la probable partida de Vale continúa en etapa de negociaciones, la Fundación Mediterránea (Ieral) elaboró un informe que demuestra la incidencia negativa de las decisiones políticas y económicas del Gobierno sobre la actividad minera en su conjunto.
Así, los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day analizaron la situación macroeconómica de Argentina y elaboraron una encuesta que demuestra que 60% de las empresas mineras considera a Mendoza como un país con importantes barreras comerciales. Dentro de este grupo, la tercera parte dejó claro que no está dispuesta a invertir en el país por este motivo. Además, otro 20% también reconoce los impedimentos, aunque no le asigna tanta gravedad. Un 20% más (lo que sumaría el 80%) ni siquiera mira a Mendoza para invertir.
Por barreras comerciales, se consideran los altos aranceles de exportación y las restricciones a la repatriación de utilidades, entre otros aspectos.
La política del Gobierno en este sentido ha sido clara. Según los datos que reúne el Ieral, por la caída de las reservas internacionales, el Estado implementó limitaciones para que las empresas extranjeras se lleven sus ganancias fuera del país. De esta forma se redujo la repatriación de utilidades en un 93% en sólo dos años, pasando de U$S 4.500 millones en 2011 a sólo U$S 300 millones en el año 2012. Vale compró el proyecto Potasio Río Colorado en 2009, mucho antes de existir esa y otras restricciones que le sucedieron.
Otro de los condicionantes a la hora de invertir, es el pedido de ayuda económica por parte de los gobiernos locales, teniendo en cuenta los grandes ingresos que manejan las empresas mineras.
A modo de ejemplo, el informe de Fundación Mediterránea menciona el compre de productos locales y la construcción de obras de infraestructura como escuelas y hospitales.
Del total de las empresas mineras encuestadas, el 40% entiende esta política como una dificultad para invertir en Mendoza, en tanto que el 15% manifestó que no estaría dispuesta a invertir por esa razón.
Para el proyecto Potasio Río Colorado, se había estimado una inversión inicial de U$S 6.000 millones aproximadamente pero terminó en unos U$S 11.000 millones. Este incremento multimillonario no se debió sólo al pedido de fondos adicionales del Estado, sino también a los costos crecientes en dólares.
Explica el Ieral que el dólar oficial no sigue el ritmo de la inflación. “Desde el 2009 al 2013 los precios en dólares han aumentado más de 60% en Argentina”, indicaron los economistas.
Infraestructura aceptable
La encuesta desarrollada por el Ieral consultó también a las empresas mineras internacionales por la calidad de la infraestructura existente en Mendoza para la explotación de recursos minerales.
En este sentido, la provincia no se encuentra en mala posición frente a sus competidores a nivel mundial, considerando que sólo un 35% de las compañías encuestadas observa inconvenientes en la calidad de infraestructura, frente a un 39% en San Juan y Chile, 49% en Perú y 36% en Columbia (Canadá). Solo están en mejor situación Arizona (9%) y California (14%), ambas de Estados Unidos.
No obstante, como punto negativo, es que un 9% respondió que no invertiría en Mendoza por fallas estructurales, mientras que en San Juan ninguna empresa tuvo esa respuesta y en el resto de los sitios las objeciones de inversión son muy pocas.
Diferente es la situación de las bases de datos geológicas, donde Mendoza es la peor vista. Las encuestas revelaron que 69% de las mineras ven en la provincia mala calidad de base de datos. Un 10% descarta invertir en tierras mendocinas por esta razón.
Entre los competidores a nivel mundial, las mayores percepciones de malas bases de datos geológicos están en Perú (60%), seguido por San Juan (46%), California (41%) y Chile (32%).
Control ambiental y legal
La resistencia contra la minería contaminante que existe en Mendoza es percibida por 9 de cada 10 mineras encuestadas. El 26% aseguró que esta es una traba que los lleva a no invertir en territorio provincial y otro 28% lo considera uno de los principales impedimentos.
Los economistas del Ieral, destacan a la ley 7.772 como una de las restricciones fundamentales en protección ambiental.
Por su parte, el 44% de las mineras ven limitaciones ambientales en la provincia de San Juan y el 22% en Chile. El único caso con mayores restricciones que Mendoza es California, donde el 92% de los encuestados reconoce imposiciones ambientales y el 30% definitivamente no invertirá en ese lugar del mundo por esa causa.
En relación con las trabas legales, que Ieral ejemplifica con “procesos legales justos”, el 55% de las compañías dijo observar inconvenientes importantes y el 26% expresó que eso lo llevaría a descartar su llegada a la provincia.
Por cuestiones impositivas, la objeción absoluta a invertir en la provincia es de 9% de las mineras consultadas. Otro 60% aseguró que implican restricciones considerables.
