Más de 100 familias de 1.156 que habitan ilegalmente la “Torre de David”, el rascacielos-favela que con sus 75 pisos es el más alto de Caracas, empezaron a ser desalojadas ayer por militares y reubicadas en complejos habitacionales erigidos por el gobierno venezolano.
“Hoy (por ayer) están siendo reubicadas 77 familias, para un total de 160 (familias) en esta fase (...) Hemos comenzado por los pisos 7, 9 y 28. Hemos comenzado el traslado de esas familias (...) de manera voluntaria a la urbanización Ciudad Zamora, en los Valles del Tuy (estado Miranda, norte)”, explicó a la prensa Ernesto Villegas, ministro para la transformación revolucionaria de Caracas.
A media mañana, guiados por efectivos del Ejército, varias decenas de vecinos salieron del recinto con sus pertenencias, en un ambiente de total tranquilidad y se subieron en vehículos estatales para ser trasladados a sus nuevas viviendas.
Humberto Hidalgo, quien vive en el piso 7 de la torre desde hace seis años con su esposa y 10 hijos, observa angustiado cómo sus vecinos abandonan el edificio. Este hombre de 56 años, que antes dormía en la calle, sabe que también será desalojado, pero aún no tiene fecha ni sitio de su nuevo hogar.
“Todavía no sabemos a dónde vamos ni hasta cuándo nos quedaremos aquí”, dice encomendado a “mi Dios creador” y con voz quebrada por el llanto. “Pero sé que nuestro presidente nos va a dar una casa digna”, continúa.
Según Villegas, “no se trata de un desalojo”, sino de una operación “armónica con la comunidad”, que supone el traslado a urbanismos de la Misión Vivienda, programa gubernamental para dotar de casas a personas de escasos recursos.
Siete años después de la invasión masiva de este edificio por personas sin vivienda tras distintas tragedias, Villegas asegura que la estructura “no guarda las condiciones mínimas para una vida segura”.
La “Torre de David” no estaba destinado a ser la casa de nadie. En 1990, el banquero David Brillembourg, su creador, la imaginó como el gran centro financiero venezolano, a la altura del gigante Wall Street. Con su muerte en 1993, la construcción del edificio -ya avanzada en 60%- en el centro de Caracas, se detuvo.
Para 2007 y a la vista del gobierno chavista, ocupantes ilegales tomaron la edificación -con tres torres de 45, 20 y 10 pisos- y convirtieron las oficinas del lugar en apartamentos que albergan en algunos casos a mujeres solas o a numerosas familias en estrechos espacios de unos 25 metros cuadrados (1.156 familias, según cifras oficiales, equivalentes a unas 3.000 personas).
En una visita realizada previamente a la torre, se constató la organización comunitaria de sus habitantes, que por turnos se encargan de mantener los pisos de cemento relucientes, sus áreas comunes limpias y seguras, así como de planificar actividades culturales, deportivas e incluso de culto para los habitantes de la torre.
Sin embargo, hay aspectos con las que la organización comunitaria no puede lidiar y que ponen en evidencia una obra arquitectónica inacabada: la falta de agua potable, la bocanada negra de sus escaleras, sin iluminación ni baranda, pero que sus habitantes suben y bajan de memoria, así como los saltos al vacío que deja la falta de ventanas al exterior de algunos pisos.
Para muchos, el rascacielos poblado por ocupantes ilegales se convirtió en un símbolo de la anárquica y disfuncional capital venezolana. Incluso fue representado en la serie televisiva estadounidense “Homeland” como un lugar sin ley donde los delincuentes formaban parte de conspiraciones internacionales y asesinaban con impunidad.Los residentes se quejaron de que estaban perdiendo su fácil acceso a supermercados, transporte público y, posiblemente, empleo.
“No sé cómo voy a ser capaz de encontrar un trabajo por allá”, dijo Yaritza Casares, de 28 años, que llevaba a su hija de 4 años. “Tuvimos la suerte de vivir aquí”.
Vecinos que han vivido durante años al lado de los “invasores” celebraron el desalojo.
Enjuician al opositor López
Caracas. La justicia venezolana iniciará hoy el juicio contra el opositor radical Leopoldo López, que podría pasar hasta 10 años en prisión si es hallado culpable de incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales desatadas en febrero y que dejaron 43 muertos.
El juicio se realizará en el tribunal 28, en Caracas, adonde se espera sea trasladado López, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, en los suburbios de la ciudad, desde el pasado 18 de febrero.
De su lado, familiares de López, principalmente su esposa, Lilian Tintori, han emprendido una gira internacional para denunciar presuntos vicios en el proceso judicial.
