T odo lo sucedido en torno del ahora teniente general César Milani estuvo envuelto en una polémica que partió desde el mismo momento en que la presidenta de la Nación dispuso su designación como jefe del Ejército y que continuó en el debate legislativo para que alcanzara el ascenso a teniente general. En todos los casos las críticas fueron desoídas por la titular del Ejecutivo, mientras en el Senado de la Nación la gran mayoría de los legisladores que votaron a favor lo hicieron por “obediencia debida” a la jefa del Estado.
Los cuestionamientos tienen diferentes aristas, pero la principal radica en la actitud asumida por el kirchnerismo respecto de las denuncias sobre el desempeño de Milani durante el último gobierno militar. Ante los planteos realizados, especialmente desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo estrechamente relacionado con el kirchnerismo, el oficialismo se limitó a señalar que le cabía la presunción de inocencia ya que el militar no había sido condenado ni imputado por la Justicia.
Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿se adoptó el mismo criterio con los 1.083 oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad que fueron procesados desde diciembre de 2007, a los que se suman otros 443 que ya recibieron condena? Y la única respuesta que cabe es un no rotundo, porque en la casi totalidad de los casos, a excepción de Milani, la “condena” pública por parte del kirchnerismo estuvo dada mucho antes de que surgiera el veredicto de la Justicia.
Otro aspecto criticable fue el de la politización de las Fuerzas Armadas expresada por el jefe del Ejército. Al asumir el cargo, comprometió a la fuerza que conduce en un alineamiento firme con el proyecto político “nacional y popular” que encarna el kirchnerismo. Y aquí también surge un interrogante: ¿qué actitud puede llegar a asumir el Ejército si el oficialismo pierde las elecciones en 2015?
Esa actitud y la restante, la de aparecer junto a la titular de las Madres de Plaza de Mayo para una revista de esa organización, ha generado resquemores en la oficialidad joven que no quiere prestarse al juego de la identificación con el Gobierno ni tampoco comprometerse en problemas de seguridad interior (por hacerlo, las Fuerzas Armadas aún están pagando las consecuencias), en razón de que su función se centra en “la defensa de la Patria ante cualquier amenaza externa”, según aseguran los propios oficiales.
Hubo otros aspectos absolutamente cuestionables. Por ejemplo, las denuncias que recayeron sobre Milani por enriquecimiento ilícito, también fueron desoídas por el Ejecutivo. Y el restante -muy grave- los planteos, con presentaciones judiciales incluidas, sobre actos de espionaje a dirigentes políticos y periodistas. Las acusaciones surgieron de parte del senador radical Gerardo Morales y fueron tomadas por el abogado Ricardo Moner Sanz, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, para efectuar la presentación judicial.
Fue por ese motivo que el juez Julián Ercolini ordenó al fiscal Jorge Di Lello realizar un allanamiento en la sede de la Dirección General de Inteligencia del Ejército, la que se llevó a cabo con agentes de la Prefectura, que permanecieron cinco horas en la sede de Inteligencia del Ejército secuestrando diez computadoras. De resultar efectiva la denuncia, se estaría sentando un antecedente gravísimo para la democracia, porque se utiliza una estructura militar para realizar actos de espionaje interno.
Resultan serios y muy preocupantes todos los aspectos que han rodeado la designación del actual titular del Ejército y también muy grave la actitud asumida por Milani en su alineamiento directo con un proyecto político. Una inquietud que no sólo alcanza a la oficialidad joven a la que hicimos alusión sino que también inquieta a la ciudadanía en general que no acepta este tipo de situaciones.
