Economía
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hace 18 minutos
La Dirección General de Migraciones dispuso la expulsión del país del motochorro colombiano que la semana última robó un teléfono celular a una joven en el barrio porteño de Caballito y fue liberado por la Justicia dos días después tras acordar una probation y el pago de 700 pesos a la víctima.
Fuentes del organismo dijeron que se dictó el acto administrativo de expulsión del territorio el viernes pasado y que Jair Stevens Jurado Mora (25) fue notificado el mismo día.
Por lo tanto, de acuerdo con la normativa vigente, el lunes empezó a correr el plazo de tres días para que pueda interponer un recurso jerárquico, que se vencerá mañana.
En caso de que Jurado Mora no realice ninguna presentación, indicaron los voceros, Migraciones informará de esta situación a la Justicia y le pedirá su retención a una fuerza de seguridad a fin de deportarlo.
Jurado Mora llegó al país hace siete meses procedente de Colombia e ingresó sin dificultades porque no había ninguna orden de restricción en su contra, pese a que luego se corroboró que en su país tiene dos causas por robo a mano armada y otra por violencia de género por haber golpeado a su pareja.
Debido a que su situación migratoria es irregular porque podía permanecer en el país seis meses como máximo y cometió un delito flagrante, Migraciones pudo intervenir de oficio y disponer su expulsión.
El hecho ocurrió el 22 de enero último, cuando una joven de 18 años estaba por cruzar la calle en avenida La Plata al 100, en Caballito, con su celular iPhone 7 en la mano.
De repente, el motochorro le arrancó el teléfono de la mano y huyó a toda velocidad, pero tras una persecución, fue detenido.
El ladrón quedó acusado de "robo en grado de tentativa" y, a pesar de que contaba con antecedentes en su país, la jueza le concedió una "probation" y la libertad dos días después.
La magistrada le impuso como condiciones no consumir drogas ni alcohol durante un año, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, regularizar su situación en Migraciones y resarcir a la víctima del robo con 700 pesos.
Conocido el caso, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, pidió ayer que sea deportado porque le causó "indignación" esa situación.
"No soy de los que se queja de los jueces y fiscales, algunos hacen muy buen trabajo, pero otros dejan pasar estas cosas", afirmó Santilli.
Consultado por el mismo caso, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo ŽAlessandro, afirmó que "más del 85 por ciento" de las personas detenidas por la Policía de la Ciudad son reincidentes.
El funcionario sostuvo que "lamentablemente el colombiano ingresó al país y todavía no había regularizado su situación migratoria y tenía domicilio en Capital Federal".
