La Argentina está en crisis. Después de haber pasado por procesos de inflación, deflación y depresión hoy estamos experimentando vivir en estanflación. Este proceso combina recesión con inflación y es muy complicado salir de él si no hay reglas claras y mucho menos cuando no se ponen objetivos claros por delante de las políticas de gobierno. Este gobierno solo aplica tácticas, que va cambiando, pero no tiene clara la visión estratégica, por eso falla el liderazgo.
No funciona la táctica sin la estrategia y viceversa y deben ir ambas coordinadas. El gobierno creyó que podía bajar la inflación bajando tarifas gradualmente. Como tenía un déficit muy alto, lo financió con deuda externa. Se tomaron más de u$s 50.000 millones porque tenían miedo del impacto social de un ajuste rápido del atraso tarifario. La necesidad de ajustar tarifas era para bajar subsidios, lo que haría reducir el gasto y el déficit.
Pero por una falla seria de coordinación entre las políticas monetaria y fiscal se fijaron metas de inflación muy ambiciosas. La decisión del presidente Macri de atomizar el Ministerio de Economía para evitar un “superministro” fracasó totalmente porque cada ministro actuaba según sus objetivos y nadie coordinaba. Se podría decir que fue el gran fracaso de la Jefatura de Gabinete, que debería coordinar las acciones de todos los ministros.
Así, el Ministerio de Energía procedió a la quita de subsidios y los mayores valores se trasladan a precios y esto impactaba en la inflación. Como ésta superaba las metas fijadas por Hacienda, el presidente del Banco Central aumentaba las tasas y conseguía frenar la economía. Mientras tanto, el ministro de Finanzas tomaba préstamos y los dólares que entraban generaban una sobreoferta y mantuvieron casi congelado el valor del dólar en el mercado, que perdió competitividad con la inflación y afectó muy fuerte las exportaciones. Por otra parte, el Ministro de la Producción abría la economía y baja aranceles de importación, algo desaconsejable cuando el peso está sobrevaluado por el mismo gobierno. Una descoordinación total.
Todo parecía marchar tranquilo hasta que la suba de tasas en EE.UU. y el volumen de endeudamiento hicieron que los mercados se cerraran y, en una situación de casi default, el gobierno decidió recurrir al FMI. El primer acuerdo fracasó a poco de iniciado y, para renovar y ampliar el mismo, el Fondo puso condiciones muy serias. Estas derivaron en un plan monetario muy exigente, con bandas cambiarias de no intervención demasiado amplias, ya que entre piso y techo hay más de un 25%, congelamiento de la base monetaria hasta junio de 2019 y la exigencia de un presupuesto equilibrado para este año. El Fondo sigue pidiendo otras cosas que políticamente hoy sería complejas: la reforma laboral y la reforma previsional.
El ajuste especulativo
El gobierno salió con un programa que tiene un problema serio y es que prácticamente el Banco Central no tiene herramientas para regular el movimiento especulativo sobre el peso. Dada la amplitud de la banda de flotación, el BCRA no puede intervenir mientras flote y si en un día sube un 10% dentro de la banda, la autoridad monetaria no puede hacer nada.
El BCRA solo tiene la herramienta de la tasa que fija para Leliq, un instrumento creado para reemplazar a las Lebac y que se usan para absorber liquidez excedente. Estos instrumentos fueron creados durante el kirchnerismo por Martín Redrado, cuando presidía la entidad.
El problema es que con la incertidumbre reinante, las tasas de las Leliq debieron ser aumentadas en forma considerable, a medida que las expectativas de inflación iban creciendo, y hoy rondan el 65%. Esto ha generado la desaparición del crédito, tanto productivo como de consumo y sostiene la retracción de la economía. La inflación del primer trimestre superará el 10% mientras la gente aún no percibe nuevos aumentos y esto agudiza la recesión y el mal humor.
Todo esto se traduce en problemas para las empresas. Hay muchas suspensiones y despidos de personal, y esto agrava la recesión porque disminuye la masa salarial global. Pero, además, esto está comenzando a generar problemas en el Estado. La Nación está recaudando menos en términos reales, es decir, calculando la inflación, pero cuando se desagregan los datos se aprecia que hay una caída mayor en aquellos impuestos ligados al nivel de actividad (como IVA) pero también en ganancias y en retenciones a las exportaciones. Esta situación se repite en las provincias y municipios.
Tiene problemas de cobranzas de sus propios tributos y les caen las transferencias por coparticipación.
En Mendoza ocurre lo mismo. La ministra de Hacienda, Paula Alasino, reconoció que la recaudación en febrero había caído un 10% y en enero otro 6% y esto comienza a complicar el último año de gestión de gobernador Cornejo ya que, teniendo un compromiso de indexar los salarios de los empleados del Estado, que representan caso el 60% de las erogaciones, al tener menos recursos solo le queda disminuir la obra pública, ya que también disminuye la coparticipación a los municipios.
En este escenario, montado por el mismo gobierno, ya pierde el Estado mismo en todas sus dimensiones, los consumidores atados a salarios fijos y las empresas. Los que están ganando lo que los demás pierden son los bancos y los especuladores. Es responsabilidad del gobierno deshabilitar este negocio improductivo y volver por la senda razonable.
