A casi 6 años de la muerte la pequeña Luciana Rodríguez (3), cuatro funcionarios y operarios de la ex Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf) -hoy Dirección General de Protección- son juzgados desde hoy por abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Arriesgan una pena de hasta 10 años de cárcel.
Por ese recordado crimen -uno de los casos más brutales de maltrato infantil de los últimos años- ya fueron condenados los homicidas: la madre, Rita Rodríguez (28), y su padrastro, Jorge Orellano (41).
Ahora será el turno de la psicóloga Fabiana Lucentini y los funcionarios del ex Órgano Administrativo Local (OAL), Felipe Vizcarra y Gianina Consina, y la licenciada en Minoridad y Familia, Mónica Castro.
El juicio comenzará hoy a las 9 y será presidido por la jueza Laura Guajardo. En tanto que el fiscal Sebastián Capizzi será el encargado de sostener la acusación. Además, el abogado Oscar Mellado representará a la abuela de la niña, Claudia Rivas, querellante de la causa.
La nena murió el 7 de enero de 2014 y sus padres fueron condenados a perpetua en septiembre de 2015. En cambio, la causa contra los funcionarios tomó un largo y sinuoso camino. Inicialmente la fiscal Claudia Ríos Ortiz entendió que los sospechosos sólo habían incurrido en el delito de incumplimiento de sus funciones, algo excarcelable, pero no en abandono de persona y, por ello, nunca fueron detenidos.
Luego la fiscal de Cámara, Paula Quiroga, se mostró en desacuerdo, le quitó la causa a Ríos y se la pasó a Santiago Garay, quien volvió a imputar a tres implicados por un delito mayor: abandono de persona agravado por la muerte de la víctima, que tiene penas que van de 3 a 10 años de prisión.
La actuación de los imputados
Según la acusación, Lucentini, Vizcarra y Consina, habrían dejado a Luciana a cargo de su madre y no habrían hecho cesar las condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto serían responsables del desenlace final: la muerte de Luciana a manos de su padrastro y ante la presencia de su madre.
Es que el 26 de julio de 2013 Lucentini -por entonces coordinadora del Servicio de Protección Permanente del OAL de Capital- y el operador Rafael Vizcarra -a cargo del expediente de Luciana- habrían violado la ley de protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al disponer como "medida de protección" por 90 días, el reintegro de Luciana a su madre que tenía graves problemas con las drogas. Así la niña pasó de manos de su tía a las de su madre, quien vivía en una casa usurpada del Centro donde no había servicios de agua, gas, ni cloacas. La mujer no la alimentaba ni la cuidaba, por lo que la niña quedó totalmente desprotegida.
Además los imputados no habrían respetado una "medida de protección de derechos" fechada el 4 de marzo de 2013 que se adoptó para preservar el bienestar psicofísico de la niña.
Los acusados tampoco habrían hecho nada ante una denuncia de un testigo que vio cómo su padrastro la golpeaba y le tiraba el pelo a la nena.
En cuanto a Castro, el 31 de diciembre de 2013, cuando un cuidacoches denunció que Luciana estaba sola en la calle, habría ordenado que le entregaran a Luciana a su madre.
Maltrato infantil extremo
El crimen de Luciana ocurrió el 7 de enero de 2014. Ese día, Orellano salió de la casa usurpada en la que vivía, en Entre Ríos al 300 de Ciudad, y se dirigió a la clínica Santa María, ubicada a una cuadra. En sus brazos llevaba a Luciana, a quien abandonó en un consultorio.
Los médicos descubrieron que la niña estaba muerta por lo que avisaron a la Policía. Los investigadores detuvieron a Rita, quien dijo que no estaba al tanto de la situación y luego fue detenida su pareja.
La madre de la niña fue llevada a la clínica para que reconociera el cadáver. La necropsia arrojó que la pequeña presentaba 16 lesiones en el cuerpo; algunas eran de tres días antes de su muerte.
