Mayor accesibilidad para personas con discapacidad, incremento de frecuencias en barrios alejados, puesta en funcionamiento del ente regulador e inclusión del boleto educativo gratuito fueron algunos de los reclamos que se hicieron escuchar en la Audiencia Pública del nuevo Sistema de Transporte Público que se hizo ayer en el Centro de Congresos y Exposiciones.
Allí usuarios, políticos y representantes de organizaciones manifestaron su opinión en torno al actual funcionamiento de los micros y sobre el pliego confeccionado por el Ministerio de Transporte que regulará las pautas de la concesión por los próximos años. Es que el actual contrato vence el próximo 25 de noviembre y se han propuesto varias modificaciones en base a la experiencia de estos diez años.
Si bien el ministro Pablo Rousseau estuvo presente en la apertura de la audiencia y dirigió unas palabras al público, se retiró antes de que los 58 anotados- aunque solo la mitad estuvo presente- comenzaran a hablar. Esta situación molestó a muchos que se lo hicieron saber al resto del equipo del Ministerio que se quedó en el encuentro.
Consultar a los usuarios
Uno de los primeros en exponer fue José Luis Ramón, de la ONG Protectora. Como representante de los intereses de los consumidores, recalcó la necesidad de poner en funcionamiento el ente regulador del transporte público que fue establecido por ley en 2005.
“Es la cuarta vez que pedimos que lo pongan en funcionamiento y no sabemos por qué no lo hacen”, aseguró. Por otra parte, señaló que en el pliego de la nueva licitación se dejó afuera la opinión de los usuarios.
“Se tendrían que haber sentado el Estado provincial, el ente regulador, los dueños de las empresas y los usuarios a discutir el nuevo pliego, eso le daría verdadera transparencia a la decisión que tomen los ministros”, destacó y calificó a la audiencia como una mera formalidad y no como una verdadera instancia de participación.
En este mismo sentido se expresó Raquel Blas, de ATE y candidata a senadora nacional por el Partido Obrero. “Venimos a impugnar este tipo de mecanismo porque no es vinculante y finalmente el poder político resuelve lo que quiere. La ciudadanía no se merece que se decida la licitación sin tener su opinión”, fueron las palabras de la sindicalista, para quien el sistema de transporte público ha fracasado.
Más accesibilidad
Rodolfo Pérez, quien accedió al micrófono en su silla de ruedas, habló en representación de Discapacidad Mendocina en Acción (Dimenac). "Nosotros hemos trabajando con el Ministerio de Transporte pero los resultados siempre fueron negativos", apuntó.
Para él, el sistema está planteado con demasiados trasbordos lo que perjudica a las personas con discapacidad teniendo en cuenta que el nuevo pliego establece que en un primer momento solamente el 20% de las unidades sean accesibles.
“Lo que nosotros solicitamos es que de base se pida un 30% y que cada año se vaya agregando un 15%, así en 6 años podemos llegar al 100% de las unidades adaptadas”, manifestó y recalcó que no se trata de un capricho sino de una necesidad.
Juan Carlos González, defensor oficial de Personas con Discapacidad, apoyó este pedido: “Si bien reconocemos que este pliego tiene avances, termina siendo insuficiente porque nos propone esperar 9 años para llegar a la totalidad de colectivos adaptados, lo que nos parece excesivo y hasta discriminatorio”.
Más recorridos y frecuencias
Vecinos de distintos barrios también fueron hasta el Centro de Congresos para manifestar sus inquietudes. Alfredo Connell llegó desde La Favorita y para graficar cómo viajan él y sus vecinos en colectivo llevó un dibujo de una vaca y se lo puso en la cara: "Viajamos como ganado", dijo.
Asimismo, pidió que se amplíen los recorridos que llegan a la zona porque muchas personas tienen que caminar un kilómetro para llegar a la parada y además tienen una larga espera. Desde la misma barriada, Pablo Guevara aseguró: “Estamos sancionados continuamente por los malos servicios de colectivos, no hay justicia para nosotros”. De todas formas, se mostró esperanzado con el nuevo pliego: “Vimos el proyecto y lo aprobamos”.
Adriana Yenarópulos, de Godoy Cruz, se quejó porque los colectivos de un gran número de barrios cercanos a Las Tortugas sólo pasan por la periferia. “Para nosotros el transporte público es expulsivo e inaccesible”, subrayó y destacó que le gustaría haber sido consultada para el pliego. Otros representantes de barrios que estuvieron presentes fueron los del SUPE y Soberanía Nacional, entre otros.
Boleto educativo gratuito
Tamara Salomón, presidenta de la Federación Universitarios de Cuyo hizo oír la voz estudiantil al reclamar el boleto educativo gratuito y universal. "Es un pedido de los estudiantes para garantizar el derecho a la educación y vemos que no ha sido contemplado", señaló.
Ella también habló de la dificultad que tienen muchos alumnos de departamentos alejados que tienen que destinarle un importante presupuesto al transporte para poder estudiar.
Héctor Fresina, diputado del Partido Obrero, también hizo hincapié en este aspecto. “No puede ser que no esté presente el boleto estudiantil que es un gran reclamo de los estudiantes”, afirmó. Según su visión, este proceso de licitación se centra en favorecer a los empresarios del transporte y no a los usuarios.
Reclamos desde la oposición
Jorge Tévez, concejal de Godoy Cruz, dijo en su discurso tener varias dudas sobre la financiación del sistema. "¿Cómo se va a calcular la fórmula para pagarle a los empresarios?, ¿son kilómetros reales?", fueron algunas de sus preguntas.
En ese mismo sentido planteó que previo al armado del pliego licitatorio se podría haber convocado a todos los actores. “Pero se ha limitado el debate a las modificaciones de los recorridos”, se lamentó.
Por su parte, Fernando Arcaná, asesor de los diputados de la UCR, dio a conocer una serie de pedidos de informe que el bloque le hizo al Ministerio de Transporte. “No hemos tenido respuesta por eso venimos a plantearlo acá”, denunció y enumeró los temas planteados: implementación del sistema SUBE, el abandono de unidades, las unidades mínimas que se necesitan por día, entre otros.
El llamado a licitación se realizará en unos 60 días
El ministro de Transporte, Pablo Rousseau, explicó que el siguiente paso del proceso administrativo es transcribir la grabación de las 35 exposiciones en la audiencia pública, para incluirlas en el expediente. Luego se hará un análisis técnico de cada planteo antes de redactar los pliegos de licitación (ayer se sometieron a discusión los borradores).
Los pliegos serán remitidos a Asesoría de Gobierno y a Fiscalía de Estado, para luego llegar a manos del gobernador Francisco Pérez, quien es el encargado de emitir el decreto para autorizar el llamado a licitación.
Rousseau estimó que se podría estar realizando el llamado en unos dos meses y sostuvo que esperan que la puesta en marcha del nuevo sistema se concrete alrededor del 25 de noviembre, que es cuando vence el contrato de la concesión vigente.
Preocupa a Autam el costo de la innovación
El gerente técnico de Autam, Oscar Razquin, quien fue uno de los últimos en exponer, indicó que desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza no se oponen a las exigencias de innovación tecnológica de las unidades de transporte que incluyen los pliegos de licitación.
Sin embargo, resaltó que esto tiene un costo que no se ha transparentado e impactará en la tarifa, por lo que consideran fundamental que los usuarios manifiesten si están dispuestos a pagar para viajar en mejores unidades.
Asimismo, señaló que no existe seguridad jurídica para los empresarios, porque mientras el contrato vigente fija que sólo se puede modificar hasta 5% del servicio de cada grupo, ahora no se fija un límite al Estado en su capacidad de reorganización del sistema. Y además, los concesionarios no tienen posibilidad de reclamar ante un eventual cambio.
