En la audiencia pública para conocer la opinión de la gente sobre la propuesta de una nueva red de transporte público se destacaron varios cuestionamientos: que hay zonas en las que las frecuencias seguirán siendo insuficientes, que va a haber que combinar recorridos (trasbordo) y que se cumpla con los controles sobre la calidad del servicio y los recorridos.
Los que más se hicieron oír fueron los vecinos de la zona del pedemonte, quienes tuvieron varios representantes frente al micrófono planteando la realidad que les toca vivir. Fueron ellos quienes pidieron encarecidamente que no se aplique el trasbordo por considerar que esto implicará más demoras en el traslado que ya de por sí les lleva demasiado tiempo y por otra parte, que no hay garantías de seguridad de los usuarios cuando deban esperar por la conexión.
Explicaron que con mucho esfuerzo lograron que un par de recorridos lleguen hasta la zona que reúne a unas 12 mil personas, pero que actualmente no tienen una conexión directa al centro, a la UNCuyo o la UTN ni al hospital Lagomaggiore. Consideraron que tal cual se ha diagramado el nuevo sistema no será suficiente para dar respuesta en hora pico, ya que las frecuencias estipuladas son pocas para la demanda y asegurar que la gente llegue en horario a sus trabajos o lugares de estudio.
"Esperábamos que mejorara el servicio pero de acuerdo a lo que han presentado no sería así", dijo Juan Francisco Durán, vecino del oeste.
"Vemos que en este nuevo proyecto no se contempla el traslado directo desde Divisadero (Largo) hasta el centro", agregó Nilda Pérez, de la Federación del Pedemonte. Señaló que suelen dejarlos sobre Panamericana y que deben caminar hasta 4 km entre campos con maleza y oscuros.
Agregó además que por los trasbordos y otros factores, demoran 2 horas en llegar al centro cuando en auto son 12 minutos, por lo que para ella eso no es incentivo para usar el servicio público como pretende el Gobierno.
Usuarios de Las Heras también plantearon que los recorridos no les permiten un acceso rápido a varios lugares como hospitales, mientras que desde Guaymallén se planteó la pésima calidad del servicio "monopólico" que presta la empresa General Roca (grupo 5), que no respeta horarios ni tiene una buena limpieza, además de la mala actitud de algunos choferes.
Uno de los oradores, vecino de Las Heras, planteó la falta de conectividad del aeropuerto con otros puntos, la cual está acotada a los remises y taxis que según manifestó, cobran tarifas excesivas.
La audiencia fue organizada por la Secretaría de Servicios Públicos en la Nave Universitaria y contó con 44 oradores inscriptos, aunque varios no se presentaron. Cada uno se había inscripto previamente y contó con 10 minutos para exponer su opinión sobre la redistribución del transporte público de la provincia. Hubo una alta proporción de usuarios y representantes de organizaciones vecinales, aunque para los entendidos la cantidad de participantes fue muy poca.
Exigen controles
El tema de la seguridad estuvo presente en varios de los discursos de los referentes de organizaciones y usuarios. Destacaron que no hay garantías de que los trasbordos -una de las patas fundamentales de la nueva propuesta- puedan hacerse en zonas seguras o en espacios que permitan cierto resguardo de las inclemencias climáticas.
Señalaron además que es necesario que haya un control efectivo del cumplimiento de las frecuencias establecidas y de los recorridos, ya que algunas unidades no ingresan a ciertas zonas que deberían.
En este sentido, desde la organización Protectora también hicieron referencia a otros controles, como el de los costos del sistema y que no hayan sido consultados usuarios de zonas donde la red no llega por lo que, desde el punto de vista de la entidad, continuarán con carencias de transporte.
"Con este sistema donde no hay un ente de control, los gobiernos provinciales siguen teniendo la sartén por el mango de la planificación, fijación de tarifas y de la fiscalización y control", dijo José Luis Ramón, referente de Protectora y diputado nacional.
Además, aseguró que el gobierno incumple una sentencia de la Corte Suprema que ordenó en octubre que el gobierno pusiera en funcionamiento el ente de control en no más de 60 días.
La nueva propuesta
Los ejes fundamentales de la nueva red de transporte apuntan a descomprimir el centro de vehículos con un servicio más eficiente. De acuerdo al plan, la intención es que los trayectos no se superpongan, con recorridos más directos distribuidos en redes troncales, interdepartamentales y locales. Se potenciará el trasbordo propiciando puntos de transferencia, que según el gobierno serán seguros.
"Esperamos mejorar el tránsito de la Ciudad de Mendoza y las frecuencias pero necesitamos a la vez que la gente que va en auto decida subirse a un micro, seducirla", destacó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema. Si bien la audiencia no es vinculante, se mostró abierto a realizar cambios si fuera necesario.
Ramón destacó: “Nuestra principal crítica es que no tiene la participación de los usuarios, estamos fuera del sistema de control”, mientras que aseguró que el nuevo plan favorece a los empresarios en tanto los recorridos que se hacen son rentables, excluyendo otros.
También hizo referencia a las carencia de recorridos y frecuencias que presenta la zona oeste del Gran Mendoza en este plano.
Los empresarios aseguran que pierden plata
Mientras organizaciones sociales señalan que hay connivencia entre el gobierno y las empresas de transporte público, acusándolo de favorecerlos, los empresarios señalaron en la audiencia de ayer que con los nuevos recorridos perderán dinero.
La posición de la organización que los nuclea, Autam, fue marcada por su representante en la reunión, Raúl Mercau. Manifestó que el cambio tiene un impacto en la sostenibilidad del sistema, ya que implica una reducción de ingresos. Y subrayó que asimismo requiere un cambio en los hábitos de los usuarios.