Después de varias rondas de consulta entre los distintos bloques del Senado de la Nación, la vicepresidenta Gabriela Michetti, máxima autoridad de la Cámara Alta, firmó ayer un decreto por el cual se dieron de baja más de dos mil designaciones de personal realizadas durante el año pasado.
Se trata de designaciones firmadas en tres decretos, dos del 26 de enero y uno del 3 de noviembre de 2015, por su antecesor en la Vicepresidencia, Amado Boudou.
La gacetilla de prensa del Senado afirmó: “En los últimos diez meses de su gestión, pasó a planta permanente a 2.035 personas que integraban la planta política. Se trata de un hecho sin antecedentes históricos. Nadie hizo algo semejante. Las designaciones significan un aumento de la plantilla permanente del 146 por ciento y un crecimiento del presupuesto salarial del Senado del 80 por ciento: pasó de 2.400 millones pesos a finales de 2014, a 4.320 millones proyectados para todo el 2016, sin contar con los aumentos paritarios”.
Desde el Senado, las actuales autoridades agregaron que en el último año en su cargo, “Boudou recategorizó a 2.317 personas, lo que también supuso un enorme aumento en el gasto del Senado”.
Si bien la información oficial cargó todo el costo a Boudou, dos senadores nacionales de distinta bancada consultados por este diario, en off the record, explicaron que las dos mil designaciones hechas durante el año pasado “en su gran mayoría fueron acordadas con los distintos bloques, esto es, con los radicales principalmente”.
Es decir, que los cargos en cuestión fueron designaciones realizadas “con el consenso de distintos bloques y a pedidos de estos”.
No obstante, el parte de prensa oficial afirma que “el ex vicepresidente violó todas las reglas de ingreso y promoción que protegen la carrera administrativa de los trabajadores (Ley 24.600). Puso en crisis, además, el presupuesto para 2016. La medida tomada por Michetti busca garantizar el pago de los salarios: si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de 570 millones”.
La medida tomada por la Vicepresidenta se complementa con la creación de una comisión revisora especial del máximo nivel integrada por el senador (MC) Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu.
“Esta comisión analizará, en un plazo máximo de 120 días, la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses a la luz de las necesidades funcionales del Senado, que no variaron de manera sustancial desde el final de la gestión de Julio Cobos. En esta instancia se invitó a los gremios (APL, ATE y UPCN) a participar como veedores del trabajo de la comisión”, se informó oficialmente.
El titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, anticipó que recurrirán a la Justicia para frenar la decisión de Michetti: “Lo que hizo la Vicepresidenta va en contra de la Ley de Empleados Legislativos. Vamos a apelar legalmente, por vía administrativa y ante la Justicia”.
“Quieren dibujar el tema de los ‘ñoquis’ con su política de Estado que es echar trabajadores”, aseguró el sindicalista.
