El gobierno de Alberto Fernández oficializó un aumento del 6,12% a partir de junio para jubilaciones, lo que representa una pérdida de ingresos frente a la fórmula de movilidad que aplicaba el macrismo. Es que la diferencia es de $ 541 para el haber mínimo y llega a $ 14.032 mensuales para el máximo, al comparar con diciembre de 2019.
Con el cálculo de la anterior fórmula, que tomaba en cuenta la inflación y la suba de los salarios formales (índice Ripte), se evidencian las pérdidas. De seguir vigente la Ley de Movilidad, el aumento acumulado de marzo y junio hubiera sido del 23,72% frente a un incremento del 19,9% para la mínima y el 10% para la máxima otorgados por decreto en total.
Concretamente, el ingreso mínimo será de $ 16.864, en tanto que llegaría a $17.405 (una cifra un 23,7% más alta que la de diciembre), si no se hubiera suspendido la ley.
Por ejemplo, una persona que cobraba $ 20.000 en diciembre, ahora recibiría $ 24.744 con la vieja Ley de Movilidad. Sin embargo, tendrá $ 23.304 en junio. En el caso de alguien que percibía $ 30.000 en diciembre, la diferencia se prolonga a casi $ 3.000: $ 37.116 con la fórmula anterior vs $ 34.160 de ahora.
En esta comparación no se incorporan los bonos extraordinarios que se otorgaron a los que menos cobran porque no se integraron a los haberes. Aun así, los bonos alcanzaron hasta los que cobraban menos de $ 18.892 por lo que la pérdida se mantendría para todos los haberes que en diciembre pasado superaban los $ 19.000. Se trata de un universo de más de 2,5 millones de jubilados y pensionados.
Desde el Gobierno destacaron que en el poder adquisitivo influyen otras medidas, como la gratuidad de 170 medicamentos para los afiliados al PAMI (en el caso de los que los necesitan), o el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, una política que, en realidad, no es de los últimos meses sino que está vigente desde abril de 2019.
