Obtener información oficial sobre las investigaciones de asesinatos de periodistas parece misión imposible en México, donde las autoridades usan la indiferencia y astucias jurídicas para evadir a reporteros que intentan documentar las decenas de homicidios -aún impunes- cometidos contra sus compañeros.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con más de 100 reporteros asesinados desde 2000. Solo en lo que va de 2017 se han perpetrado cinco homicidios de periodistas: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez y Javier Valdez.
Más del 90% de estos crímenes no ha sido resuelto por las autoridades, e incluso estas mismas autoridades -federales, estatales y municipales- son señaladas de cometer 60% de las agresiones (amenazas, secuestros, golpizas) que sufren periodistas, según organismos defensores de la libertad de expresión. Comprobar la eventual implicación de autoridades en los asesinatos es aún más complicado porque los periodistas -muertos- ya no pueden contar quién los atacó, explica Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
México vive bajo el yugo de los cárteles del narcotráfico y las bandas del crimen organizado, que en muchas ocasiones operan con la connivencia de autoridades corruptas.
“El hilo es muy delgado” entre criminales y autoridades corruptas, “sabemos que hay de pronto esas colusiones”, asegura la activista.
Antes de morir, Pineda y Rodríguez trabajaban en notas policíacas. Breach cubría el conflicto armado entre dos líderes de sicarios y Valdez documentaba la guerra interna entre varias facciones del poderoso cártel de Sinaloa.
Para Leopoldo Maldonado, oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, “la impunidad ha generado un aliciente sumamente perverso para que los asesinatos o desapariciones (de periodistas) sigan sucediendo”.
Después de cinco periodistas asesinados en lo que va de 2017, la impunidad sigue siendo la constante pues ninguno de estos crímenes ha sido resuelto. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la fiscalía general, no tuvo disponibilidad para dar cifras o entrevista, mientras que la mayoría de las fiscalías de los estados donde se perpetraron los asesinatos rechazaron revelar sus avances.
