El gobernador Rodolfo Suárez confirmó ayer lo que anticipó en varias ocasiones el año pasado: el fin de la cláusula gatillo para los estatales. Es decir, la imposibilidad del gobierno de seguir sosteniendo subas automáticas de salarios por la inflación.
En diálogo con la prensa en San Martín, donde entregó una ambulancia para el área sanitaria de la zona Este, el mandatario hizo referencia a la caída en la recaudación como uno de los problemas más grandes de las finanzas de la Provincia. "Nosotros no podemos sostener la cláusula gatillo porque nuestra realidad es que contra más inflación, tenemos menos recaudación y eso repercute en las finanzas del Estado. Tenemos que ser responsables y sentarnos a hablar para darles el mejor sueldo posible sin que afecte en los contribuyentes", dijo, poniéndole un techo a las próximas paritarias para 2020.
Esto, previsiblemente, genera el rechazo de los gremios (ver aparte), quienes ya han anticipado que se sentarán a la mesa de negociaciones salariales insistiendo con esta cláusula que empató los sueldos de los empleados del Estado con la inflación anual de 2019.
Lo cierto es que lo que dijo Suárez ayer ya lo había afirmado en una entrevista con Los Andes apenas asumió al frente de la Provincia en diciembre. En esa charla, había indicado que la cláusula gatillo "es un problema" y que en el esquema de recaudación a la baja "es un círculo desvirtuoso. Llega un momento en el que vamos a terminar ahorcados todos".
El Gobierno aún no ha mostrado cuál será la nueva estrategia para negociar con los gremios estatales, aunque una de las opciones es una cláusula atada a la recaudación. "Nosotros queremos pagar a los empleados el mejor sueldo que el Estado pueda, pero con la conciencia de que los salarios se pagan con la plata de los mendocinos y no queremos aumentar los impuestos para no ahogar más a la gente", agregó en esa misma entrevista.
La opción de un suba salarial atada a la recaudación también la barajó a fines del año pasado la ex ministra de Hacienda Paula Allasino (hoy Contadora General de la Provincia). "No se puede hacer promesas de un pago de salario que después no se va a pagar, porque no se tiene la caja. Hay que ser conscientes de lo que entra y lo que sale. La única forma de administrar es la misma que usamos en nuestra casa", opinó.
Lo cierto es que las declaraciones de Suárez se dieron en sintonía con las que realizó el ex gobernador Alfredo Cornejo el martes, asegurando que "fue un error" haber concedido la cláusula gatillo en su gestión. "Ha hecho polvo a muchas provincias, no es el caso de Mendoza. Yo a esta altura la veo como un error mío haber concedido la cláusula. Con estanflación hace que los gastos suben por ascensor y la inversión por escaleras", aseguró el actual diputado nacional en una entrevista con una radio de Buenos Aires.
Gracias a la cláusula gatillo, los salarios de los trabajadores estatales de la provincia cerraron el 2019 con un incremento acumulado -en promedio- del 54%, según confirmaron ayer desde el Ministerio de Hacienda (ver aparte). Esto más que duplicó la inflación que el Gobierno había previsto para el año pasado en el Presupuesto, estimada en 23%.
ATE, SUTE y Ampros coinciden: “Es una conquista”
Las palabras de Suárez chocan con la intención de los gremios estatales. Los mayoritarios, como el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), se muestran disconformes con el posible fin de la cláusula gatillo, ya que entienden que es una medida que "como mínimo" debería estar ofrecida en las negociaciones.
Roberto Macho, de ATE, ya ha dicho en varias oportunidades que más allá de la discusión paritaria, "el salario no puede ser la variable de ajuste", y que se debería garantizar que el sueldo no pierda frente a la inflación.
Además, y en sintonía con Sebastián Henríquez, del SUTE, declaró que también se necesita armar un plan para recomponer el salario de los trabajadores que menos ganan, "y que incluso no llegan a cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria".
"Vamos a exigir la cláusula gatillo ya que es una conquista. Pero no alcanza igual, porque es importante recomponer el salario. Hay docentes que cobran menos de lo que es la canasta básica que hemos calculado en el gremio" sostuvo días atrás Henríquez, quien adelantó que esperarán a los próximos días (seguramente en febrero) para realizar asambleas de docentes para decidir las nuevas medidas y cómo será la estrategia frente a los ofrecimientos en paritarias.
Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros, sostuvo que como viene ocurriendo los últimso tres años, pedirán en la mesa paritaria la actualización mensual del salario por inflación. En caso que no hayan respuesta positiva del Gobierno, no descartó que realicen medidas de fuerza: "Son los recursos que tenemos los trabajadores para reclamar".
El último mes de gatillo será con subas de 4,9% y 5,5%
Sin fecha certera de paritarias (serían en febrero), los estatales mendocinos cobran este mes la última cláusula gatillo del acuerdo que alcanzaron los gremios con la Provincia el año pasado.
Los que se rigen por la inflación del Indec, que ayer informó que el IPC Zona Cuyo en diciembre subió 3,3%, tendrán un incremento salarial de 4,9%. Son los trabajadores de Administración Central, Ecoparque, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, IUSP, Parques, Régimen 15 de Salud, Secretaría de Ambiente, Subsecretaría de Trabajo, y Personal Policial y Penitenciario. Por su parte, Contaduría, Judiciales, EPAS, Funcionarios Judiciales, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y Tesorería acordaron cláusula gatillo conforme al IPC de la DEIE de Mendoza. La misma medición de ésta dio 3,7%, por lo que la suba salarial para ellos será de 5,5%.