Por Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
"Menem quiere que sea candidato a gobernador de Buenos Aires, pero no pienso aceptar. Es ingobernable por la baja coparticipación que tiene", le dijo el entonces vicepresidente Duhalde al poderoso ministro de Economía Domingo Cavallo, en 1991.
Duhalde había sido intendente de La Matanza. Conocía las limitaciones administrativas y presupuestarias, como también la oportunidad política que implicaba gobernar la Provincia de Buenos Aires.
Cavallo convenció a Duhalde con dinero. Le garantizó una caja especial de 650 millones de pesos/dólares de la que no tenía que rendir cuentas y que se conoce como el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense (FRHC). Esto le permitió a Duhalde gastar dos millones de dólares por día en su provincia.
En el libro Conurbano Infinito, el artículo escrito "Los barones del conurbano" por Fabián Domínguez y Mariela Szwarcberg Daby, señalan que "todos los días, en algún barrio Duhalde inauguraba una escuela, ponía una piedra fundamental de un hospital, cortaba la cinta de un comedor, veía el asfaltado de una calle o acompañaba a médicos a vacunar. Se instauró el sistema de campaña permanente, todo el año era tiempo de proselitismo, con un aceitado sistema de punteros".
La ley 24.621 que creó el FRHC fue promulgada a principios de 1996, fijó un tope de 650 millones /dólares para la provincia de Buenos Aires y estableció que el resto de recaudación de ganancias que iban al FRHC debía repartirse entre las demás provincias.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), al aumentar la recaudación de ganancias, las devaluaciones y demás factores, hoy Buenos Aires se queda con menos del 2% del Fondo que asciende a unos 53 mil millones para este año y llegará a 65 mil según lo proyectado para 2018.
El FRHC vuelve a ser noticia y a preocuparnos debido a que la actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quiere su actualización (unos 460 mil millones de pesos) y ya presentó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. Si se modifica el monto, cuyo tope hoy es de $ 650 millones, el resto de las provincias recibirían menos dinero.
Vidal además solicitó una medida cautelar hasta que la Justicia resuelva el tema de fondo pidiendo que se elimine el tope o que Buenos Aires ingrese en el reparto del 10% de lo recaudado por Ganancias. Si eso sucede, Mendoza, según el Iaraf, dejará de percibir unos 2.700 millones de pesos.
¿De qué hablamos cuando decimos que dejaría de percibir 2.700 millones de pesos? Por ejemplo, el monto equivale al 75% del dinero destinado en el presupuesto provincial 2017 para "trabajos públicos" para este año, unos 3.600 millones de pesos.
Siempre dependerá de la decisión política el destino sobre esos fondos, pero las comparaciones que se pueden hacer son infinitas.
Escuelas y salud
Son claves los datos de costos en infraestructura para prestar estos servicios que dan desde el Gobierno. Hoy una escuela promedio le cuesta al Gobierno unos $ 35 millones. Dos escuelas por departamento (36) costarían $ 1.260 millones sólo el edificio. Hoy el Gobierno invierte 250 millones en arreglar y ampliar distintos establecimientos, según datos de Infraestructura Social Básica. Además, el Ministerio de Salud y Acción Social destina 225 millones para la merienda de 216 mil alumnos para 170 días de clase.
Un centro de salud que no sea de alta complejidad cuesta unos 8 millones de pesos según Infraestructura. 5 centros de salud para cada uno de los 18 departamentos -90 en total- implicarían una inversión de $ 720 millones, que podrían servir para las zonas más alejadas de los hospitales y que les cuesta acceder a la salud.
Viviendas y patrulleros
2.700 millones de pesos equivale a la construcción de 1.687 casas de 80 m2, a un costo 1,6 millón, según datos de Infraestructura del Ministerio de Economía. El número equivale al 66% de las 2.500 unidades que Cornejo quiere entregar en 2017.
Otro dato es que instalar un kilómetro de gas en una ciudad puede costar entre $ 700 mil y $ 800 mil, según datos de Infraestructura.
En 2016 la provincia compró patrulleros inteligentes a 500.000 pesos cada uno. Si se quisieran destinar 10 patrulleros a cada uno de los 18 de departamentos -180 en total-, se necesitarían $ 90 millones. Podrán ser más caros hoy pero el monto es un ejemplo.
Inversiones, producción y agua
Alentar inversiones también es otro punto clave. Con los 1.000 millones de pesos del Bono Fiscal, el gobierno logró propuestas de inversión por más de 4 mil millones y se estima que se generarán 2 mil puestos de trabajo. Entonces, el dinero que dejaría de percibir la provincia equivale a casi tres bonos fiscales. Si vemos lo que pasó con el Bono Fiscal, advertimos que estamos hablando de una buena cantidad menos de dinero en inversiones y varios empleos que no se crearían.
Y para tener inversiones hay que tener, entre muchas otras cosas, caminos. El gobierno llamó a licitación para 17 kilómetros de la doble vía a San Juan y destinó $ 1.400 millones.
Para tener una idea, el Parque TIC de Godoy Cruz, que quedará terminado a fin de año y concentra empresas de software, hardware, comunicaciones e informática, según cálculos del Gobierno, costó 100 millones de pesos.
Desde Irrigación afirman que con 2 mil millones se puede presurizar el servicio de riego en 20 mil hectáreas o impermeabilizar la red de 50 mil hectáreas con un ahorro de agua de 100 hectómetros cúbicos por año, que es el equivalente a un cuarto del caudal del dique Potrerillos.
A negociar
Como vemos el impacto es fuerte, cualquier lector puede comparar el monto de lo que se le ocurra y verá que las consecuencias son importantes. Ahora los gobernadores deberán demostrar habilidad política para que siga llegando ése dinero, más allá de la decisión judicial. También tendrán que tener un plan B por si se pierde esa plata definitivamente. El tema no aparece en la campaña de los candidatos a legisladores y tampoco les preocupa a los actuales.
