Más de 900.000 hectáreas de tierras rurales fueron transferidas de propiedad de extranjeros a manos de argentinos en los últimos cinco años por la aplicación de la ley 26.737, que el Congreso nacional sancionó a fines de 2011, si bien todavía personas y empresas del exterior poseen cerca de 15 millones de hectáreas, según el más reciente relevamiento oficial.
El informe que realiza el Registro Nacional de Tierras Rurales muestra que el nivel de extranjerización a nivel nacional es de 5,6% (tres décimas menos que en 2012), según los datos a los que accedió esta agencia.
La menor participación de tenedores de extensiones agropecuarias de otras nacionalidades refleja la gradual aplicación de la ley 26.737, que estableció restricciones a las operaciones con sus tierras.
Si bien la norma no atentó contra los derechos adquiridos por propietarios foráneos, impidió nuevas compras y dispuso -para el caso en que quisieran vender una cantidad determinada de hectáreas en un municipio donde la extranjerización supera el 15%- que sólo puedan realizar transferencias a personas o empresas argentinas.
Las divisiones subprovinciales se acordaron tras la sanción de la ley con cada gobernación: en algunos casos se determinó que fueran considerados los municipios, mientras en otros se optó por tomar como base los departamentos o los partidos.
En 2012, sobre 569 divisiones subprovinciales el Registro Nacional detectó que en 49 jurisdicciones se excedía el límite de 15% autorizado para propietarios extranjeros, pero cinco años después los datos indican que son tres menos, 46, las áreas que superan ese tope.
Ninguna de las provincias sobrepasa en la actualidad el tope de 15%.
