Se cumplen seis años de la intervención del Área de Precios del Indec. Fue a fines de enero de 2007 cuando el Gobierno, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, desplazó a la responsable de medir la evolución de los precios, Graciela Bevacqua. De inmediato, una “tropa” enviada por Guillermo Moreno desembarcó en el organismo, desplazando a decenas de funcionarios y empleados y llevando a otros a renunciar, incluidos varios directores generales.
Para 2007, el Indec contaba con un presupuesto de $ 111 millones. Para 2013, tiene $ 442 millones asignados. Es un aumento de 299%. Supera con creces la inflación de 235% medida por las provincias o las consultoras privadas “multadas” y agrupadas en el IPC Congreso. Y está a una distancia sideral del IPC oficial de 68,7%. Si el Indec hubiese reclamado un presupuesto ajustado a su índice, tendría que devolver cerca de $ 250 millones.
Y lo más grave: aunque aumentó su presupuesto, el Indec produce menos estadísticas referidas a inflación. Dejó de elaborar el IPC Nacional, no difunde la variación de los precios según estructura de consumo por quintiles y no publica el listado con los precios medios de los principales alimentos.
El IPC no es utilizado como referencia por los empresarios, los gremios o las instituciones académicas ni tampoco por los propios funcionarios que elaboran los presupuestos, incluido el del Indec, sobre pautas inflacionarias que superan largamente a los números del instituto.
El Indec tampoco pasó la prueba de las universidades nacionales designadas por el propio Gobierno para auditar las estadísticas oficiales. El “bochazo” fue lapidario. Y a pesar de haberse comprometido por decreto, el Gobierno no envió ese informe al Parlamento.
En tanto, a partir de la “manipulación” del IPC, están también cuestionadas otras estadísticas que se elaboran en base al Indice de Precios, como el PBI, el valor de la canasta básica alimentaria y total, los índices de salario real, de tipo de cambio real, los niveles de indigencia y pobreza.
La manipulación estadística se extendió al interior al país. Molesto por la difusión por parte de las provincias de sus mediciones de inflación -que duplicaban o triplicaban las del Indec-, el Gobierno presionó a esos distritos y logró su cometido: Misiones, Jujuy, Salta, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Río Negro dejaron de difundir sus mediciones y hay dudas ahora sobre los datos de Santa Fe.
Por su parte, las consultoras privadas, que hacían sus propias mediciones, muy coincidentes con las de esas provincias, fueron multadas. Y hasta centros de estudios sucumbieron a la presión o cooptación oficial.
