Los mendocinos Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández fueron condenados a prisión perpetua cuando aún no tenían 18 años. Ahora un decreto del Estado los beneficiará con una indemnización de algo más de 25 mil dólares a cada uno. En el caso de Videla, el dinero irá a la familia ya que él está muerto.
Así se respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -dictado en mayo del año pasado- que condenó "internacionalmente responsable" por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra estos jóvenes.condenados a perpetuidad cuando eran menores de edad y en un todo de acuerdo con lo establecido por la Ley 22.278 (originada durante la dictadura militar) cuando se creó el Régimen Penal de la Minoridad.
Saúl Roldán Cajal fue condenado por homicidio agravado en concurso real con robo agravado, cuando tenía 17 años y durante su detención se denunció que estaba en condiciones "incompatibles con la dignidad humana en el penal mendocino". Por ese fallo y con el voto del ministro Mario Adaro, se le rebajó la condena a 15 años, pena que ya cumplió pero aún sigue detenido por estar condenado por otro homicidio cometido dentro del penal de Cacheuta.
Distinto es el caso de Ricardo David Videla Fernández, que el próximo miércoles 17, debería cumplir 30 años. Sin embargo este joven, que trascendió bajo el alias de "El Perro Videla", fue encontrado muerto en una celda de un pabellón de máxima seguridad el 21 de junio de 2005.
Estaba acusado de dos homicidios agravados en ocasión de robo (el remisero Augusto Zapata fue uno de ellos), sumando otros pero solo en grado de tentativa, además de los delitos de portación y tenencia de armas. Tres años antes había sido protagonista de una masiva fuga del ex Cose, oportunidad en que estuvo acompañado de otros destacados del delito como Fabián "Ardilla" Cedrón (cumpliendo una condena a prisión perpetua -dictada hace 10 años- por la muerte del policía Eduardo Sánchez); Oscar "Tanga" Gómez (recientemente condenado a perpetua por el asesinato de Matías Quiroga) y Matías "El Morocha" Cerón (muerto por la Policía cuando intentaba escapar a los tiros luego de un robo a mano armada).
Otra vez noticia
Los nombres de los mendocinos figuran junto a los de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, en un decreto que, con la firma de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Justicia y Derechos Humanos, dispone el pago de una indemnización de 102.693 dólares y responde a la condena recibida por el Estado argentino.
Estos casos llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a considerar que esas penas privativas de libertad perpetuas "no cumplen con la finalidad de la reintegración social de los niños", porque "implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor".
El fallo del organismo que ahora acata el Estado advertía en sus consideraciones que Argentina debe "asegurar que no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetuas a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad".
En cuatro casos, la indemnización (25.000 dólares para cada uno) la recibirán los propios menores, mientras que la correspondiente al “Perro” Videla la cobrarán los familiares.
Los otros tres indemnizados
Son César Alberto Mendoza, que en 1999 y cuando tenía 17 años fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral de Menores 1 de la ciudad de Buenos Aires por el robo de tres vehículos, cuatro asaltos a mano armada, dos homicidios calificados y lesiones. Por su parte, Claudio David Núñez, también de 17, y Lucas Matías Mendoza (16) terminaron condenados también en 1999, acusados de asaltos a mano armada, lesiones y cinco y dos homicidios calificados, respectivamente.
Antecedentes
Esta indemnización ordenada por organismos internacionales no es la primera. Argentina y Mendoza ya han sido condenadas en otras seis oportunidades.
El primero fue por la desaparición, en democracia (24 de mayo de 1992), de Paulo Cristian Gurdatti, de 21 años. Después el Estado fue condenado por la detención, muerte y desaparición de Adolfo Argentino Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida en 1990.
También se pidió una reparación económica por las torturas sufridas por Gómez Yarda, un chileno detenido en la provincia, y en el caso de Roberto Castañeda, cuyo cuerpo fue encontrado quemado en Lavalle.
Finalmente un tribunal arbitral, integrado en su momento por la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer de Carlucci, llegó a un "arreglo" por las denuncias contra la Penitenciaria Provincial, pago que aún se está realizando.
Hace tres años
El litigio. Comenzó en junio de 2011, cuando se emitió la sentencia que ordena al Estado argentino brindar asistencia psicológica a los jóvenes y adecuar la normativa penal juvenil a los estándares internacionales.
La audiencia. En agosto de 2012, se realizó una audiencia pública en la sede de la Corte IDH en San José de Costa Rica, para abordar el Caso Mendoza y otros vs. Argentina, por el proceso de las condenas a prisión perpetua impuestas a menores de edad en nuestro país.
Dos leyes. De acuerdo a la letra de la ley 26.061 y la jurisprudencia, no es posible aplicar penas perpetuas a personas menores de 18 años de edad sin lesionar el principio de legalidad. Mientras que el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278) por el cual fueron condenados estos jóvenes habla de preceptos contrarios a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional.
Doce casos: Según un informe la Justicia, Argentina es el único país en América Latina que ha dictado sentencias a prisión perpetua. Y desde 1997 a la fecha se ha condenado a 12 menores.
