La diversión nocturna de los jóvenes menores de 16 años está nuevamente bajo la lupa. Los chicos de esa edad no pueden acceder a los locales bailables para mayores. Sin embargo se las ingenian para burlar los controles e ingresar en abierta contraposición a la Ley de Diversión Nocturna.
Según dueños y encargados de los comercios, es muy frecuente que los “sub 18” presenten documentos falsos en la entrada, lo que les dificulta el control.
Para contrarrestar esta situación que es moneda corriente en el amplio espectro de sitios bailables del Gran Mendoza y otras partes, el Gobierno provincial impulsa una ley que prevé multar a los padres de menores que sean encontrados en locales bailables para mayores. La iniciativa forma parte del proyecto del Ejecutivo para modificar la Ley de Diversión Nocturna, que hace algunas jornadas ingresó a la Legislatura.
Los jóvenes enfrentan con ese comportamiento la inseguridad de los regresos a los hogares, consumen alcohol, a veces en exceso, y en otras ocasiones, como numerosas crónicas policiales lo han reportado, promueven incidentes y asumen peligros. Es una situación muy desafortunada a la que no se debería llegar si en cada hogar funcionaran los mecanismos y acciones que impidieran esa transgresión.
Los montos de las sanciones para los progenitores irían desde $ 3.836 a $ 11.502, pero en caso de reincidencia pueden llegar a $ 19.168 y, (según del caso), hasta 10 días de arresto.
Las sanciones económicas serían lo de menos; el tema es que muchos padres no tienen la menor idea de dónde están los adolescentes en la madrugada, qué es lo que hacen y los riesgos que corren.
En ocasiones, y hablamos de la realidad de algunos hogares porque no en todos ocurre, hay una desatención alimentada por la falta de diálogo, por la ausencia temporal de los progenitores (trabajo u otras razones) que está ahogando los afectos y la comunicación.
Nuestra sociedad atraviesa una seria crisis de valores y una ausencia absoluta de límites. Los padres se mimetizan, muchas veces, con los hijos adolescentes: usan su vocabulario, con abundancia de términos inapropiados. Padres que a la hora de poner límites entienden que, al no ponerlos, son más “amigos” de los hijos. La falta de normas es la moneda corriente; el “todo vale” tiene más vigencia que nunca.
Los padres son vitales frente al tema planteado. Nadie mejor que ellos para encarar el amparo de su prole y marchar delante de los problemas y no esperar que estos causen consecuencias dolorosas.
Igualmente los jóvenes también son responsables, ya que con 16 años están habilitados para tomar decisiones tan importantes como elegir a quienes nos gobiernan. Por lo tanto, si tienen ése y otros derechos que han sido incorporados al Código Civil y Comercial de la Nación, la pregunta es ¿y las obligaciones?
Si no han podido ser educados por sus padres, deberá ser el Estado el que, mediante la aplicación de normas, los obligue a ordenar su comportamiento en sociedad.
Consideramos que tendría que discutirse una norma que condicione el ingreso y permanencia de los jóvenes a los lugares de diversión y, si corresponde, se los sancione con la obligación de cumplir con trabajos comunitarios; y a los progenitores, que se les aplique la sanción económica.
De una vez por todas los adultos que están formulando y aplicando la ley deben comprender responsablemente que el mal del presente es caldo de cultivo para otros males peores, para los cuales el Estado hasta ahora no logra encontrar soluciones.
