El menor no aparece y su familia denunció agresiones

Daniel Argüello (14), hijo de una familia acogida al programa testigos protegidos, cumplió 10 días desaparecido. Las autoridades creen que sus padres lo tienen oculto.

El menor no aparece y su familia denunció agresiones

A diez días de la desaparición de Daniel Argüello (14), el caso, lejos de esclarecerse, se presenta cada vez más complicado. A la falta de noticias acerca de su paradero, ayer sus padres denunciaron que fueron víctimas de amenazas de parte de desconocidos en las inmediaciones del hospital Central. Los padres de Daniel eran testigos protegidos del Ministerio de Seguridad. Ayer se ofrecieron $ 20 mil de recompensa por datos del chico.

En referencia a las amenazas, los padres del menor dijeron que ayer por la madrugada su madre se sentía mal y acudió al hospital Central en compañía de su esposo para hacerse atender. "Al salir unos jóvenes les dijeron que dejaran de molestar con las denuncias o que ellos (por los padres) serían los próximos", contó la abogada de la familia, Anahí Venier. Esta denuncia se hizo ante el fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello, quien les puso consigna personal policial al matrimonio. Pero estos dichos dejaron dudas en los pesquisas.

Asimismo, hacia la tarde, los padres de Daniel realizaron un extraño viaje a la provincia de San Juan, teóricamente para entrevistarse con el gobernador de esa provincia, José Luis Gioja, con la idea de que la búsqueda del menor también se ponga en marcha en esa provincia.

No les creen

Mientras, tanto desde la Justicia como desde Seguridad, sospechan que la familia Argüello ha "escondido a su hijo porque ellos creían que el 7 de mayo terminaba el vínculo como testigos protegidos y que perderían beneficios como la casa que les alquila el Gobierno. Es raro que la desaparición del menor haya ocurrido el mismo día en que esa suerte de contrato terminaba", dicen desde esas esferas.

Lo concreto es que desde el 7 de este mes -desaparecido o escondido- el menor no ha podido ser encontrado por la Policía de Mendoza, que ha puesto más de 100 efectivos para la tarea.

La búsqueda es investigada por la fiscal especial Claudia Ríos, quien ayer envió oficios a los medios con la cara del menor desaparecido ya que no había  fotos de Daniel con su edad actual. Además Ríos motorizó los 20 mil pesos de recompensa por datos del chico, dinero que aportó el municipio de Godoy Cruz.

Todo comenzó cuando la familia Argüello tuvo que cambiarse de casa en dos ocasiones después de abandonar su barrio 4 de Julio de Godoy Cruz, de donde se fueron por supuestas amenazas. Ellos sospechan que la desaparición de su hijo menor está vinculada justamente con las persecuciones que pesan sobre su familia.
 
"La tarea de los Argüello -explicó la abogada Venier- era dar a conocer los movimientos de una banda del barrio que tenía que ver con cuestiones criminales. Para eso le dieron un celular para comunicarse con la Policía". Los Argüello, luego de mudarse de su casa del 4 de Julio, vivieron en dos moradas más pero en Guaymallén, donde se produjo la desaparición.

Denuncias en puerta

Por su parte, Omar Venier, abogado que también patrocina a la familia del desaparecido, dijo que de no haber novedades, la semana que entra denunciarán al ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore. "Es claro entender por qué el Ministerio de Seguridad no ha encontrado a Daniel, un niño de 14 años: porque no lo busca". Comperatore dijo ante la prensa que se  trabajaba sobre dos hipótesis: una que el niño haya desaparecido y la otra que el padre lo tenga oculto.
 
"La verdad es que están sobre una única hipótesis, que es que al niño lo ha ocultado el padre. Pero está desaparecido. La respuesta que les dio Comperatore a los padres es la misma que daba Videla a las madres de los desaparecidos", se quejó el abogado, que ratificó que el lunes o el martes harán una denuncia contra el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad y la titular del Programa de Testigos Protegidos, ya que consideran que hay un abandono de persona con un posible resultado muerte, lo que tiene una pena de 5 a 15 años de prisión.

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